FGE Puebla destituye a tres fiscales por presunta corrupción y designa nuevos titulares

Los tres funcionarios fueron separados de sus cargos por presuntos actos de extorsión y manipulación de investigaciones en perjuicio de empresarios poblanos.

Nombramientos y cambios estratégicos

En sustitución de León Delgadillo, Idamis Pastor nombró a Diego Domínguez Idalias como nuevo titular de la FEIDAI. Domínguez deja la Fiscalía de Investigación Regional, donde destacaba por su experiencia en operaciones de campo y persecución penal.

Su lugar será ocupado por Tania Nallely Salmerón, quien se desempeñaba como Coordinadora de Agentes del Ministerio Público y cuenta con una trayectoria reconocida en gestión ministerial y combate a delitos de alto impacto.

Aunque los cambios aún no se han hecho públicos oficialmente, el personal interno de las fiscalías ya fue notificado de los relevos.

Denuncias que derivaron en la depuración

De acuerdo con fuentes internas de la FGE, las decisiones se basan en múltiples denuncias de empresarios que reportaron cobros indebidos, extorsiones y manipulación de carpetas de investigación.

Entre los casos que detonaron la revisión institucional figuran operativos irregulares en bares de San Martín Texmelucan y la detención del empresario Javier Milian, propietario del bar 40 Grados, quien fue liberado tras detectarse irregularidades procesales.

Cero tolerancia a la corrupción en la Fiscalía

La titular del organismo ha sido enfática: “no hay espacio para la corrupción dentro de la Fiscalía”, según fuentes cercanas. Desde su llegada, Idamis Pastor Betancourt ha encabezado una depuración sin precedentes, removiendo a fiscales, coordinadores y agentes ministeriales bajo sospecha de conductas ilícitas.

El objetivo, afirman fuentes internas, es recuperar la confianza ciudadana, reforzar la transparencia y garantizar que las áreas especializadas operen con integridad.

Se prevé que en los próximos días la Fiscalía General del Estado de Puebla formalice los nuevos nombramientos y dé a conocer las líneas de trabajo reforzadas en materia anticorrupción.

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