El Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, anunció en conferencia de prensa que presentará su renuncia al cargo para enfocarse en su participación como aspirante a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Durante mucho tiempo hemos encabezado tareas para procurar justicia. Espero aplicar esa experiencia para impartir justicia si las y los mexicanos lo deciden”, afirmó.
Aseguró que las operaciones de la Fiscalía están garantizadas con un equipo renovado y bien organizado, para evitar interrupciones en sus labores.
Resultados destacados de la Fiscalía de Puebla
Casos de homicidio y feminicidio
- Miguel Ángel N., alias “El Sapo”, recibió una sentencia de 85 años de prisión por el homicidio y quema de dos personas en Huehuetlán El Grande en 2017.
- Jorge Abraham N. fue sentenciado a 23 años de prisión por un homicidio durante un asalto en la colonia Ignacio Zaragoza en 2020.
- Por feminicidio, se cumplió orden de aprehensión contra David Enrique N., quien en noviembre de 2024 privó de la vida a una mujer en un camino de terracería en la región de Tehuacán.
Avances en casos de secuestro
- René N., acusado de secuestro en 2009, fue detenido con apoyo de la Interpol en Nueva Jersey tras 5 años prófugo.
- Sentencias de 50 años de prisión contra Aldo David N. por el secuestro de un menor en 2017 y contra dos policías de la CDMX involucrados en el secuestro de dos personas trasladadas a Huejotzingo.
Otros delitos relevantes
- Despojo: Lorenzo N. fue vinculado a proceso por invadir un predio en Zacatlán, talar árboles y amenazar a trabajadores.
- Robo de vehículo: Miembros de una banda recibieron sentencias de 10 años de prisión por robar un taxi en San Pedro Cholula en 2023.
- Narcomenudeo: En operativos en Amozoc y San Martín Texmelucan se detuvo a dos personas con drogas, armas y dinero en efectivo.
Impacto de los avances judiciales en Puebla
La Fiscalía de Puebla reafirma su compromiso con la justicia, demostrando eficacia en la resolución de casos complejos, desde feminicidios hasta secuestros y delitos ambientales. Estos resultados refuerzan la confianza ciudadana en el sistema judicial estatal.
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