Puebla, Pue.- Las finanzas y decisiones administrativas del gobierno anterior volvieron a colocarse bajo escrutinio público tras las acusaciones del regidor Leobardo Rodríguez Juárez, quien denunció una serie de compras que, aseguró, se realizaron sin justificación y bajo un esquema de “gastos de pánico” durante los últimos meses de la gestión de Adán Domínguez Sánchez y Eduardo Rivera Pérez. Las observaciones, expuestas en sesión de Cabildo, reactivaron el debate sobre el uso de recursos públicos y la necesidad de transparencia en el proceso de entrega-recepción.
Rodríguez Juárez señaló que entre las adquisiciones más cuestionables destaca el pago de más de nueve millones de pesos por un “hangar virtual para drones”, cuya utilidad operativa —afirmó— nunca fue explicada ni se vio reflejada en tareas de seguridad. A esta compra se suma la adquisición de tres millones de pesos en croquetas para el albergue de Bienestar Animal, pese a que en ese momento apenas albergaba a 25 mascotas. El regidor calificó el gasto como un intento por agotar presupuesto antes del cierre de la administración.
Otro señalamiento se dirigió al presunto pago de casi 53 millones de pesos para un “mundialito de fútbol no federado”, evento que, según el cabildante, careció de sustento y operó como un mecanismo para desviar fondos bajo la apariencia de promoción deportiva. Estos casos, dijo, reflejan una tendencia a priorizar gastos innecesarios por encima de necesidades reales.
En contraste, defendió que la administración actual ha reorientado recursos hacia infraestructura y servicios, afirmando que solo esta semana se iniciaron e inauguraron obras por más de 60 millones de pesos en zonas históricamente relegadas. Las declaraciones se dieron luego de que el Cabildo aprobó los informes financieros de octubre, donde se reporta un ejercicio de 4.7 mil millones de pesos de un presupuesto anual de 7.3 mil millones.
Finalmente, el Cabildo avaló la transformación de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva en la nueva Secretaría de las Mujeres, ajuste que deberá concretarse a partir del 1 de enero de 2026.
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