Puebla, Pue.- En un nuevo caso que exhibe las grietas del sistema judicial poblano, Andrea Lezama Bonilla denunció públicamente a la jueza Alejandra Román Pérez por haber ordenado la liberación de su agresor, quien permanecía bajo prisión preventiva por el delito de violencia vicaria. La decisión, según la afectada, pone en peligro su vida y la de su hijo, al permitir que el imputado continúe su proceso fuera del penal.
Frente al Centro de Justicia Penal de Puebla, Lezama advirtió que la resolución judicial carece de coherencia y empatía con las víctimas. “La jueza reconoció el riesgo, pero aun así lo dejó libre. Hoy la justicia me deja desprotegida”, reprochó ante medios y colectivos feministas que se sumaron a su protesta.
La denunciante también señaló negligencia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), al enviar —dijo— a una agente sin preparación ni argumentos sólidos a la audiencia del 29 de octubre, lo que habría facilitado la obtención de medidas cautelares menos severas para el acusado.
El imputado, identificado como Ricardo N., enfrenta acusaciones por haber sustraído a su hijo menor durante seis años. Aunque la jueza reconoció el riesgo de reincidencia, le permitió continuar el proceso desde la casa de sus padres, bajo supuesta vigilancia policial, pese a que los familiares también habrían colaborado en su ocultamiento.
Organizaciones feministas acusaron al Poder Judicial de Puebla de minimizar los casos de violencia vicaria y de enviar un mensaje de impunidad a los agresores. “Cada vez que liberan a un violento, condenan a una mujer a vivir con miedo”, expresaron.
Lezama exigió la intervención urgente de las autoridades estatales y federales para evitar una tragedia. “No quiero ser una cifra más, quiero justicia real para mi hijo y para mí”, concluyó.
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