La CNDH documentó la participación de elementos de la Marina-Armada en la detención arbitraria de cuatro personas en Puebla, a quienes desaparecieron, infringieron tratos crueles y posteriormente asesinaron.
El organismo dijo que los elementos navales incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad, integridad y seguridad personal, legalidad, seguridad jurídica y a la vida.
Al emitir la recomendación 37VG/2020, el organismo detalló que los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2019, ya durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Explicó que las víctimas empacaban zacate en un predio localizado en Guadalupito las Dalias, Tlahuapan, Puebla, cuando elementos de la Marina, a bordo de tres camionetas, los detuvieron argumentando que eran huachicoleros.
Detalló que los pobladores de la zona observaron que en el lugar había elementos de la Marina, quienes desvistieron y golpearon en el rostro a las cuatro víctimas, a quienes les ordenaron se recostaron con la cara en el piso.
Posteriormente los golpearon en varias partes del cuerpo con una pala que se encontraba en ese sitio.
“Al percatarse de la presencia de los pobladores, los elementos de la SEMAR se llevaron a los cuatro agraviados, por lo que la quejosa procedió a buscar a su hijo en diferentes agencias del Ministerio Público sin obtener información sobre el paradero de las cuatro personas.
“El 1 de marzo de 2019, fueron localizados los cuerpos sin vida de las cuatro víctimas en el cerro El Águila, ubicado en los límites de Santa Cruz Moxolahuac, Tlahuapan, Puebla y San Felipe Hidalgo, Nanacamilpa, Tlaxcala” reportó.
Agregó que del análisis y valoración de las evidencias la CNDH acreditó que los agentes navales detuvieron a las cuatro personas de manera arbitraria e ilegal, omitieron elaborar el parte informativo correspondiente.
Luego trasladaron a los detenidos a un lugar boscoso en los límites de Tlahuapan, Puebla y Nanacamilpa, Tlaxcala, sin proporcionar información sobre su paradero; e infligieron malos tratos para después privarlos de la vida.
Por ello, se emitió una recomendación dirigida al titular de la dependencia Rafael Ojeda Durán, con el fin de inscribir a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, reparar integralmente el daño a sus familiares y se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica; y someter a los responsables ante la justicia, entre otras medidas.
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