Puebla, Pue. El Honorable Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), descartó que el rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, llevara a cabo un presunto desvío de recursos federales hacia el equipo de fútbol Club Lobos BUAP; además señaló que no existe un conflicto de intereses despues de que se investigó a Luz Andrea Esparza Vergara, expresidenta del equipo licántropo.
Durante la octava reunión y séptima sesión extraordinaria de 2019, Héctor Granados Rodríguez, Controlador General, expuso que los recursos aplicados al extinto equipo Club Lobos BUAP fueron con recursos de la institución.
Bajo ese contexto, explicó que la universidad pública cuenta con recursos denominados “libres” disposición, es decir, son generados por la propia institución, estos son derivados de actividades de cumplimiento de objeto, de tal forma que una parte es destinada al fomento deportivo y cultural.
“Su utilización se encuentra regulada en términos de la normatividad constitucional garantizando a la comunidad universitaria el acceso al derecho del artículo cuarto constitucional, que nos dice, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte”, mencionó.
En la lectura del dictamen emitido por las Comisiones Estatutarias de Presupuesto, Supervisión Administrativa, Planeación, Honor y Justicia, Obras y Crecimiento Físico, Granados Rodríguez, sostuvo que las versiones periodísticas de un presunto desvío de recursos de 400 millones hacia el Club Lobos BUAP son erróneas.
Además, puntualizó que los recursos federales asignados a la universidad son ejercidos con apego a la normatividad federal, así como los recursos asignados provenientes del Gobierno de Puebla son con apego a la normatividad estatal.
“Los recursos asignados a la universidad provenientes de la federación han sido debidamente ejercidos en apego a la normatividad federal, los recursos asignados a la universidad provenientes del gobierno del estado de Puebla han sido debidamente ejercidos”, apuntó.
Durante la sesión efectuada en el Salón Barroco del Edificio Carolino, el controlador general, detalló que la institución educativa como organismo público descentralizado y autónomo, anualmente es sometida a cinco auditorías.
Detalló que la Auditoría Superior de la Federación aplicó 28 auditorías a la institución entre 2013-2019, mientras que la Auditoria Superior del Estado de Puebla aplicó 6; en tanto la Secretaría de la Función Pública llevó a cabo una auditoría; los cuales descatartaron que la universidad haya hecho un mal manejo de los recursos federales.
“Nuestra institución se encuentra en constante fiscalización y revisión, que los resultados de esta han sido por demás satisfactorias y transparentes. De tal manera que se ha demostrado ante instancias federales y estatales el debido ejercicio de los recursos públicos, asegurando y por ende que no existe ningún desvío para haber sido determinado y ejercicio para el objeto previsto”, enfatizó.
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