Puebla, Pue.- A partir de 2026, intervenir árboles o palmeras sin autorización del Ayuntamiento de Puebla se convertirá en una falta costosa, luego de que la Ley de Ingresos y el Código Reglamentario Municipal establezcan sanciones económicas que pueden superar los 11 mil pesos por realizar poda, tala o traslado sin dictamen previo.
De acuerdo con la normatividad vigente para el próximo ejercicio fiscal, cualquier acción sobre el arbolado urbano deberá contar con un permiso municipal sustentado en un análisis técnico. Dicho dictamen sólo se emite cuando el ejemplar representa un riesgo para la población, presenta daños irreversibles o la intervención es estrictamente necesaria, procurando siempre evitar afectaciones ambientales.
En casos vinculados a obras de construcción, tanto en espacios públicos como en predios privados, el retiro o trasplante de árboles tendrá un costo que puede alcanzar los 3 mil 843 pesos por ejemplar, siempre que exista autorización previa. Este monto resulta considerablemente menor frente a las multas previstas para quienes decidan actuar sin cumplir el procedimiento legal.
La legislación contempla excepciones específicas. Cuando los árboles o palmeras han cumplido su ciclo de vida o se encuentran en condiciones que justifican su poda, las acciones realizadas en la vía pública, propiedades particulares o instituciones públicas y privadas no generan cobro alguno, siempre y cuando sean avaladas por la autoridad correspondiente.
El problema surge cuando se omite el trámite. El Coremun establece sanciones que van de 20 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a multas que oscilan entre poco más de 2 mil y hasta 11 mil 314 pesos. En la práctica, el castigo económico puede ser hasta tres veces mayor que el costo del permiso oficial.
Las solicitudes de autorización suelen estar relacionadas con riesgos de caída, presencia de plagas o daños ocasionados por lluvias intensas. Sin embargo, no todas las intervenciones han estado exentas de polémica, especialmente cuando vecinos cuestionan la eliminación de árboles en zonas urbanas.
Con este esquema, el Ayuntamiento de Puebla busca reforzar el control sobre el manejo del arbolado, desalentar acciones irregulares y subrayar que la protección de las áreas verdes no es opcional, sino una obligación legal y ambiental.
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