Proponen regular uso de gas en vía pública tras explosión en Agua Santa

La propuesta fue impulsada por la diputada María Soledad Amieva, quien planteó la adición del artículo 66 Bis a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el propósito de establecer medidas de revisión, control y supervisión en el manejo de gas LP en espacios de uso común, donde la concentración de personas incrementa el nivel de riesgo.

Prevención de riesgos en espacios públicos

La iniciativa busca que las autoridades competentes encabecen inspecciones periódicas y refuercen los protocolos de seguridad en actividades comerciales, eventos y servicios que utilicen gas en la vía pública. De acuerdo con lo expuesto, el manejo inadecuado de tanques y conexiones representa un riesgo latente para la población, especialmente en zonas habitacionales y de alta afluencia.

La legisladora subrayó que los recientes incidentes evidencian vacíos normativos que deben atenderse con urgencia, a fin de evitar tragedias que pongan en peligro la vida de las personas y el patrimonio de las familias. La adición del artículo 66 Bis permitiría dotar de mayores facultades a Protección Civil para actuar de manera preventiva y no solo reactiva.

Revisión legal y responsabilidad institucional

Durante la presentación ante la Comisión Permanente, se destacó la importancia de que los tres órdenes de gobierno participen de forma coordinada en la aplicación de estas medidas, garantizando que quienes utilicen gas en espacios públicos cumplan con estándares mínimos de seguridad.

La propuesta también abre la puerta a sanciones administrativas en caso de incumplimiento, así como a la implementación de campañas de capacitación dirigidas a comerciantes y prestadores de servicios, con el fin de reducir riesgos y fomentar una cultura de prevención.

Iniciativa paralela sobre el derecho al agua

De manera adicional, la diputada presentó una iniciativa para reformar la Ley de Agua para el Estado de Puebla, con la cual se busca eliminar las concesiones sobre este recurso. El planteamiento parte de la premisa de que el agua es un derecho humano y no debe ser tratada como un bien sujeto a intereses privados.

Ambas propuestas serán analizadas en comisiones para su discusión y eventual dictaminación, en un contexto donde la seguridad pública y el acceso a servicios básicos se han convertido en temas prioritarios en la agenda legislativa estatal.