Puebla, Pue.- Las movilizaciones recientes de diversos sectores productivos y juveniles han puesto en evidencia un malestar social que se agudiza frente al aumento de la violencia y la percepción de abandono institucional. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Juan José Castro Justo, sostuvo que el clima de inseguridad ha detonado inconformidades legítimas que se expresan en carreteras, plazas públicas y distintas regiones del país.
El dirigente señaló que la respuesta gubernamental ante estas protestas ha generado preocupación, pues —dijo— prevalece un ambiente donde la crítica es interpretada como una amenaza y no como un llamado a corregir el rumbo. Para Castro Justo, la narrativa oficial que equipara los bloqueos con conductas delictivas simplifica la realidad y evade la responsabilidad de atender las condiciones que empujan a campesinos, transportistas y jóvenes a manifestarse.
En su posicionamiento, el líder priista subrayó que la participación de partidos políticos en marchas o bloqueos no debe asumirse como un acto de desestabilización, sino como parte de su obligación de representar causas ciudadanas. Afirmó que acompañar expresiones de inconformidad forma parte de la vida democrática y contribuye a visibilizar problemáticas que afectan a regiones enteras, especialmente aquellas vinculadas al campo, la movilidad y la seguridad.
Durante la misma conferencia, la secretaria general del partido, Delfina Pozos Vergara, cuestionó las prioridades del Gobierno de Puebla al considerar que existen necesidades más urgentes que no han recibido la atención adecuada. Señaló que, frente a la falta de servicios públicos esenciales y la preocupación constante por la seguridad, la propuesta de construir una pista para arrancones resulta incongruente y desconectada de la realidad cotidiana de la población.
Ambos dirigentes coincidieron en que el contexto exige una revisión profunda de las políticas públicas y una apertura real al diálogo social. Las manifestaciones, advirtieron, son un síntoma del desgaste institucional y de la urgencia de replantear estrategias que atiendan las causas estructurales de la inconformidad ciudadana.
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