Puebla, Pue.- El gobierno municipal intensificó las acciones contra la contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales que exceden los límites permitidos de sonido, luego de que se confirmara la aplicación de multas a negocios que rebasan los 68 decibeles establecidos en la normatividad local. La medida forma parte de una estrategia para atender las quejas ciudadanas relacionadas con afectaciones al entorno urbano y a la calidad de vida.
La secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, informó que durante 2025 la dependencia a su cargo recibió 226 denuncias vinculadas con contaminación ambiental, una parte significativa asociada al uso de bocinas y altavoces en unidades económicas. Detalló que estas inconformidades provienen tanto de escritos formales como de reportes realizados a través de plataformas digitales habilitadas por el Ayuntamiento.
De acuerdo con la funcionaria, en los últimos días de enero y a lo largo de los próximos 12 meses de 2026 se dará prioridad a la atención de este tipo de reportes, con el despliegue de personal para verificar que los comercios cumplan con los niveles máximos de ruido permitidos. El objetivo, señaló, es prevenir alteraciones al entorno sonoro en zonas con alta afluencia peatonal y comercial.
Romero Sainz precisó que las sanciones por infringir la normativa ambiental están contempladas en la Ley de Ingresos municipal. Las multas pueden ir desde los 2 mil 346.2 pesos hasta los 2 millones 346 mil 200 pesos, lo que equivale a un rango de 20 a 20 mil Unidades de Medida y Actualización, dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia.
En cuanto al seguimiento de las denuncias, indicó que en 2025 se recibieron 171 quejas por escrito y 55 mediante plataformas digitales, de las cuales 175 ya fueron atendidas. En lo que va de 2026, se han registrado 23 nuevos reportes, entre escritos y digitales, con atención inicial a cuatro de ellos hasta el 29 de enero. La autoridad municipal reiteró el llamado a los propietarios de negocios a respetar la normatividad para evitar sanciones y contribuir a un entorno urbano más ordenado.
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