Puebla Pue.- En una sesión ordinaria de Cabildo que se caracterizó por una discusión prolongada y a menudo enconada, los regidores de Puebla aprobaron la modificación a la Ley de Ingresos 2023, específicamente a la fracción XI del artículo 57, con el propósito de reactivar el controvertido cobro de la tarifa de parquímetros rotativos en las calles de la ciudad.
Esta decisión, que ha generado polémica, se tomó como respuesta a la reciente declaración de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al cobro de estacionamientos en las vías públicas de Puebla capital.
La modificación propuesta deberá ser enviada a la LXI Legislatura del Congreso antes del próximo lunes 16 de octubre para su aprobación. La SCJN había declarado inconstitucional la disposición previa por considerarla contraria a los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica, lo que provocó un debate acalorado entre los regidores del Ayuntamiento.
El punto de mayor confrontación se presentó entre los regidores de la alianza PRI-PAN-PRD, que abogaron de manera decidida por la necesidad de un reordenamiento vial a través del cobro de parquímetros rotativos, y sus homólogos morenistas, que manifestaron su desacuerdo con la imposición de un límite de cinco horas para el estacionamiento en vía pública.
La propuesta fue sometida a votación, donde obtuvo 18 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, luego de haber sido previamente avalada por la comisión de Patrimonio y Hacienda. Esta medida ha vuelto a poner en tela de juicio la capacidad de los representantes para tomar decisiones que beneficien a la comunidad.
La declaración de inconstitucionalidad emitida por la SCJN el 11 de septiembre, que se basó en los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica, generó una discusión más amplia sobre la legalidad y justificación del cobro tributario de los parquímetros en Puebla.
El 9 de octubre, durante la sesión de la comisión de Patrimonio y Hacienda, los regidores, junto con la Sindica Guadalupe Arrubarrena García y la Tesorera, María Isabel García Ramos, confeccionaron la modificación requerida por la SCJN.
