Puebla, Pue.- Al cierre de 2025, el Ayuntamiento de Puebla confirmó el retiro de 45 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en distintos puntos de la ciudad, dispositivos que no pertenecían a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y cuya colocación se realizó sin autorización oficial. La cifra expone un problema persistente en el control del espacio público y en la supervisión del uso de tecnología con fines de vigilancia.
De acuerdo con el titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, la mayoría de estos dispositivos fueron detectados en el Centro Histórico, una de las zonas con mayor afluencia de personas y valor estratégico. Sin embargo, también se localizaron cámaras en áreas sensibles como el perímetro de los estadios y en juntas auxiliares como Ignacio Romero Vargas y San Baltazar Tetela, lo que amplía la dimensión del fenómeno más allá del primer cuadro de la ciudad.
El funcionario precisó que, aunque inicialmente se informó del retiro de 45 equipos, el número total de cámaras desmanteladas asciende a 48, mismas que presuntamente eran utilizadas sin autorización y cuyos fines aún se encuentran bajo análisis. Este dato refuerza la preocupación sobre el uso no regulado de dispositivos de vigilancia en espacios públicos, así como la posibilidad de que estas redes operen al margen de cualquier marco institucional.
La SSC señaló que las labores de detección continúan mediante operativos y trabajos de proximidad con ciudadanos y comités vecinales, con el objetivo de identificar cámaras que no formen parte de inmuebles particulares. Además, se mantienen tareas de inteligencia para ubicar otros dispositivos instalados en distintas zonas del municipio.
El retiro de estas cámaras pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, regulación y supervisión del equipamiento tecnológico en la vía pública. Mientras el gobierno municipal avanza en proyectos de expansión del sistema oficial de videovigilancia, el hallazgo de redes irregulares evidencia que el desafío no solo es ampliar la cobertura, sino garantizar que el monitoreo urbano se realice bajo criterios legales, transparentes y verificables, evitando que el vacío normativo sea aprovechado por intereses ajenos a la seguridad ciudadana.
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