Puebla, Pue. Juan Luis Bolaños Barruecos, académico de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable de la Universidad Iberoamericana Puebla, dio a conocer que en el estado de Puebla solo el 40 por ciento de las industrias reporta a la autoridad estatal sus emisiones, mientras que el 60 por ciento evade sus reportes.
En rueda de prensa, el académico de la Ibero Puebla, sostuvo que si bien las grandes empresas deben de reportar al estado sus emisiones, el Ayuntamiento de Puebla, de igual manera debe de regular los comercios y empresas de servicios a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico; la cual genera atribuciones al Ayuntamiento.
“En Puebla el 40 por ciento de la industria que debería de estar reportando sus emisiones, solo el 40 lo reporta ante la autoridad estatal y un 60 por ciento que está ahí, que no se está vigilando, que no está controlando sus emisiones y que está generando gases de efecto invernadero y estamos hablando de un tema más complejo”, afirmó.
Durante su participación en el análisis “La mala calidad del aire en Puebla: Un problema socioambiental que debe de ser atendido por el estado”, el especialista, detalló que las industria petrolera, química, metalúrgica, papelera y cementera necesitan ser reguladas minuciosamente por el Gobierno Federal.
Explicó que tras la mala calidad del aire que se registró en la ciudad de Puebla y la contingencia ambiental en Ciudad de México, el Gobierno Federal tiene la necesidad de atender las políticas públicas del transporte para verificar si realmente cumplen con la normatividad ambiental.
“El gobierno federal debe de estar al pendiente de las políticas no solo de transporte, sino, también de las industrias de los grandes contaminadores o lo que maneja la ley como las fuentes fijas de contaminación a la atmosfera”, enfatizó.
Además, Bolaños Barruecos, comentó que México cuenta con un marco legal robusto en materia de medioambiente; sin embargo, consideró que sin una buena implementación de políticas públicas estos instrumentos no serán bien utilizados.
“Tenemos un marco legal robusto que debe de ayudar al gobierno a establecer una política pública pero necesitamos que estos instrumentos sean utilizados y vigilados e incluso las sanciones de aquellos infractores que están generando contaminantes por encima de la normatividad”, señaló.
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