Trabajadoras sexuales exigen regulación con enfoque de derechos y denuncian persistencia de violencia en Puebla

Puebla, Pue.- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales celebrado el día de ayer, integrantes de la agrupación Chicas de la 14 demandaron al Estado mexicano y a las autoridades locales avanzar hacia la regulación del trabajo sexual, con el objetivo de garantizar acceso a servicios de salud, seguridad social y condiciones de vida dignas, en un contexto donde, aseguran, la violencia y la discriminación continúan siendo parte de su cotidianidad.
Durante un pronunciamiento público, las trabajadoras señalaron que no existe motivo de celebración, ya que persiste una violencia estructural, institucional y social que se expresa en estigmatización, exclusión y vulneración de derechos. Indicaron que el rechazo social limita sus posibilidades de acceder a vivienda, empleo formal y servicios básicos, perpetuando un círculo de precariedad que va más allá del ejercicio del trabajo sexual.
Aunque reconocieron una disminución de agresiones hacia integrantes de su organización en zonas específicas de la ciudad, advirtieron que en otros puntos de Puebla continúan registrándose prácticas como persecución policial, extorsiones y hostigamiento, lo que refleja una aplicación desigual de la ley y la ausencia de políticas públicas integrales.
Las integrantes del colectivo insistieron en que la violencia no es una condición inherente a su actividad, sino una consecuencia directa del estigma y de la falta de un marco legal que reconozca su trabajo desde una perspectiva de derechos humanos. Rechazaron, además, la creación de zonas de tolerancia, al considerar que estas medidas refuerzan la segregación y el control estatal sobre sus cuerpos.
En el acto también se informó que, hasta el momento, no se ha concretado un diálogo directo con el gobernador Alejandro Armenta Mier, aunque sí ha existido acercamiento con algunas dependencias. La diputada local Gabriela Chumacero anunció que impulsará reformas legislativas en 2026 para atender esta agenda, mientras que representantes de organizaciones civiles subrayaron que las trabajadoras sexuales son personas sujetas de derechos y no objetos de regulación punitiva.