Por: Cortesía

Puebla

Unidad de Normatividad Comercial sanciona a un tercio de establecimientos inspeccionados por incumplimiento de requisitos

Puebla, Pue.- Enrique Guevara Montiel, titular de la Unidad de Normatividad Comercial, reveló que durante las visitas de inspección realizadas en un período comprendido desde el 16 de octubre de 2021 al 23 de julio de 2023, el 33 por ciento de los establecimientos comerciales revisados han sido sancionados por no cumplir con requisitos esenciales para su funcionamiento.

En total, la Unidad de Normatividad Comercial llevó a cabo 7,930 visitas de inspección a diversos giros comerciales en la ciudad. Durante estas inspecciones, se aplicaron 2,385 sanciones y se realizaron 1,353 clausuras a aquellos negocios que no contaban con la documentación básica necesaria para llevar a cabo sus actividades comerciales.

El gerente municipal, Adán Domínguez Sánchez, destacó la importancia de estas inspecciones para asegurar el cumplimiento de las normas y garantizar la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Los restaurantes y bares fueron los giros más sancionados, principalmente debido a incumplimientos relacionados con la venta de alcohol. Sin embargo, los operativos también se extendieron a otros giros comerciales.

En particular, la venta clandestina de bebidas embriagantes, como las micheladas, fue objeto de 38 clausuras. Enrique Guevara Montiel señaló que la mayoría de estos negocios operan de forma clandestina, ubicándose principalmente en el sur de la ciudad, en la salida a Tehuacán, y en el norte, en los límites con las juntas auxiliares.

El titular de la Unidad de Normatividad Comercial también destacó que 20 lugares que fueron reportados por fiestas clandestinas con venta de alcohol a menores también fueron objeto de clausuras. Además, cinco establecimientos más fueron sancionados por falta de documentación.

Ante estas cifras, las autoridades municipales reafirman su compromiso con la regulación del comercio en la ciudad y el fortalecimiento de las medidas para evitar la operación de establecimientos que pongan en riesgo la seguridad pública y vulneren la normativa vigente.

 

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