La FGE de Puebla logró la vinculación a proceso y prisión preventiva contra una mujer señalada por robo agravado de más de 1.6 millones de pesos.
Investigación sólida que deriva en vinculación a proceso
La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de Alma Ivette N., señalada como probable responsable del delito de robo agravado, tras una investigación que permitió sustentar los hechos ante la autoridad judicial.
De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2025, cuando la imputada, presuntamente en complicidad con otra persona, sustrajo un millón de pesos en efectivo, además de 600 mil pesos mediante transferencias bancarias, utilizando dos tokens bancarios que estaban bajo su resguardo para uso laboral. La acción habría generado un importante detrimento patrimonial a las empresas afectadas.
Abuso de confianza y daño patrimonial a empresas
Según la carpeta de investigación, Alma Ivette N. se desempeñaba como empleada de confianza en dos empresas dedicadas a la venta de ganado, ubicadas en el Corredor Comercial Desarrollo Atlixcáyotl, en la ciudad de Puebla. El acceso a los recursos financieros y herramientas bancarias fue clave para concretar el presunto delito.
Las autoridades detallaron que el uso indebido de estos mecanismos permitió realizar movimientos financieros sin autorización, lo que agravó la conducta y fortaleció la tipificación del delito como robo agravado, al existir abuso de confianza y afectación directa al patrimonio empresarial.
Prisión preventiva y plazo de investigación
Como resultado de estos hechos, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de la imputada, quien fue presentada en audiencia inicial ante el Juez de Control. Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público formuló la imputación y expuso los datos de prueba, los cuales fueron considerados suficientes para decretar la vinculación a proceso.
Tras el debate entre las partes procesales, el juez determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar que los registros de investigación sustentan el riesgo procesal. Además, se concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que se continuará fortaleciendo el caso.
Con esta resolución, la Fiscalía reafirma su compromiso de combatir los delitos patrimoniales, garantizar el acceso a la justicia y actuar con firmeza ante conductas que afectan la confianza y el patrimonio de las empresas en Puebla.
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