Tlaxcala, Tlax., — En una postura oficial el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de su vocero Antonio Martínez Velázquez, rechazó categóricamente las versiones que pretenden vincular al núcleo familiar de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros con los implicados en el asesinato del matrimonio conformado por Alexandro Tello y Karina Ruiz.
La administración estatal calificó como "terreno de la ficción" los señalamientos que sugerían una relación de parentesco o de negocios entre una de las hijas de la mandataria y Alejandro "N", uno de los cinco sujetos detenidos hasta el momento por su presunta participación en el crimen.
La controversia escaló luego de que trascendidos periodísticos y columnas de opinión en Puebla y Tlaxcala identificaran a uno de los capturados como el secretario particular del esposo de una de las hijas de la gobernadora, señalando además la existencia de supuestas sociedades comerciales con las víctimas y con otro detenido, Christian "N", alias "El Bau".
Al respecto, Martínez Velázquez enfatizó, durante el espacio de "Diálogos Circulares", que el individuo mencionado no guarda relación alguna con la familia de la jefa del Ejecutivo ni ostenta el estado civil que se le atribuye en las versiones difundidas, descalificando la narrativa que vincula a la Secretaría de Bienestar o a sus titulares con el expediente.
El portavoz estatal manifestó un extrañamiento hacia la actuación de la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor, a quien acusó de emitir declaraciones precipitadas sobre el móvil del crimen.
Además sostuvo que la funcionaria poblana informó sobre líneas de investigación, como la presunta participación de la delincuencia organizada, que no corresponden a la realidad de las indagatorias conducidas en territorio tlaxcalteca.
Martínez Velázquez subrayó que la fiscal poblana habría hablado por una institución que no es la suya, revelando datos que, a juicio del gobierno estatal, carecen de sustento en las mesas de seguridad compartidas entre ambas entidades.
Sumado a que justificó el silencio informativo como una medida necesaria para salvaguardar el debido proceso y se informó que la institución local optará por no recurrir a la "judicialización mediática" y solo emitirá detalles técnicos una vez que los imputados hayan sido formalmente vinculados a proceso.
Esta estrategia busca evitar la filtración de datos que pudieran comprometer la integridad de las pesquisas sobre el doble homicidio, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 20 de febrero en un paraje de Chignahuapan, Puebla, tras haber sido reportados como desaparecidos por sus familiares en ambas jurisdicciones.
Finalmente, el Gobierno de Tlaxcala reiteró que, según los datos analizados en la Mesa de Seguridad, no existen evidencias que liguen a los actuales detenidos con estructuras del crimen organizado.
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