Activistas en Tlaxcala activan protección tras amenazas por aborto legal

Las integrantes de distintas colectivas explicaron que, por ahora, el mecanismo ya está activo y funcionando, mientras evalúan presentar una denuncia penal contra una asociación religiosa que ha sido claramente identificada como parte de los ataques. La decisión no es sencilla, pues también implica exponer aún más su trabajo y su seguridad, pero consideran que la violencia no puede normalizarse.

Discursos de odio y violencia en un estado pequeño

Las activistas señalaron que, a diferencia de otros estados donde el aborto fue despenalizado desde hace años, en Tlaxcala las agresiones han sido más directas y personalizadas. No se trata solo de discursos en contra, sino de llamadas telefónicas con amenazas explícitas, mensajes intimidatorios y advertencias sobre supuestos daños físicos.
Relataron que algunas personas han llegado al extremo de investigar domicilios particulares, utilizando información obtenida de redes sociales y servicios de atención para intimidarlas. A esto se suma una campaña de oración impulsada por grupos religiosos en contra de quienes han trabajado durante años por los derechos sexuales y reproductivos. Aunque se presenta como un acto simbólico, las colectivas advierten que en el fondo alimenta un discurso de odio y violencia que ya se refleja en acciones concretas.

Protección activa y reserva de información por seguridad

Por razones de seguridad, las activistas decidieron no revelar cuántas personas están dentro del mecanismo de protección ni si la solicitud fue estatal o nacional. Lo que sí confirmaron es que entre las beneficiarias se encuentran integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala), incluida su directora Rosario Texis Zúñiga, así como mujeres de otras colectivas que también han sido amenazadas.
Subrayaron que su lucha no busca confrontación, sino garantizar derechos y proteger la vida de quienes defienden causas sociales. Enfatizaron que ninguna diferencia ideológica justifica la violencia, y que el acceso a mecanismos de protección demuestra la gravedad de la situación. Aun así, aseguraron que continuarán su trabajo, ahora con mayor cautela, porque consideran que defender derechos humanos no debería costar la seguridad personal.