Tlaxcala, Tlax.,— Un hecho ha encendido las alarmas sobre la libertad de prensa en Tlaxcala, donde el presidente municipal de Xaltocan, José Luis Hernández Vázquez, se encuentra en el centro de una controversia tras intentar imponer requisitos administrativos inexistentes para condicionar el trabajo informativo.
La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) denunció que el edil pretendió obligar a comunicadores a presentar una “licencia de funcionamiento municipal” para ejercer su labor, una medida que carece de sustento legal en el marco jurídico estatal y federal.
Esta acción surgió como respuesta del alcalde ante los cuestionamientos de un medio local, el cual ha documentado diversas irregularidades en la administración de Hernández Vázquez.
Entre los puntos más críticos señalados se encuentra la opacidad en el área de seguridad pública, específicamente en lo relacionado con el emplacamiento y la regularización de las patrullas municipales, así como la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La postura del munícipe ha sido calificada por el gremio periodístico como un atentado directo contra los artículos 6° y 7° de la Constitución Mexicana.
Lejos de aclarar las dudas de la ciudadanía, el edil ha optado por la descalificación del medio crítico, mientras que en los hechos, el Ayuntamiento de Xaltocan mantiene un vacío de información en sus plataformas oficiales.
Actualmente, el portal de transparencia municipal omite datos obligatorios por ley, tales como las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y los contratos de adquisición de bienes y servicios celebrados por la administración actual.
Ante este panorama de intimidación y opacidad, el presidente de la UPET, Martín Rodríguez Hernández, emitió una condena exigiendo al alcalde que cese cualquier intento de limitar la libertad de expresión.
La organización hizo un llamado urgente al Gobierno del Estado, al Congreso local y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervengan y garanticen que ninguna autoridad municipal se extralimite en sus funciones pretendiendo regular un derecho fundamental.
Mientras tanto, la exigencia de transparencia sobre el estado de la flota vehicular de seguridad y el cumplimiento de las leyes de acceso a la información pública permanecen como una deuda pendiente del gobierno de Xaltocan con sus habitantes.
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