Alerta PAN riesgo de infiltración criminal en elecciones y llama blindar a Tlaxcala frente a la inseguridad

La legisladora sostuvo que el partido Morena ha permitido condiciones que facilitan la infiltración de grupos delictivos en la vida pública al mantener alianzas con la delincuencia en lugar de priorizar a la ciudadanía, y apuntó que los recientes hechos registrados en Sinaloa son una muestra fehaciente de las consecuencias de no actuar a tiempo.

En este sentido, recordó que Acción Nacional ya había planteado en las propuestas de reforma electoral la necesidad de establecer candados estrictos para impedir el uso de recursos ilícitos y evitar que gobernadores coludidos con la delincuencia organizada asuman el poder, lamentando que dichas discusiones terminaran únicamente en un ajuste presupuestal.

Al abordar la situación específica de Tlaxcala, Martínez Sánchez manifestó su preocupación por el avance de la violencia, detallando que el estado cerró el año 2025 con un registro de 121 homicidios dolosos y que, en lo que va del año 2026 hasta el mes de mayo, la cifra ya suma 56 casos, lo que representa casi la mitad de la estadística del periodo anterior en tan solo cinco meses.

Ante este panorama, la congresista afirmó que la estrategia federal de "abrazos, no balazos" ha provocado el crecimiento de la delincuencia en distintas regiones y consideró alarmante que estos grupos intenten influir en los gobiernos locales.

Enfatizó que las policías municipales carecen de la capacidad para enfrentar esta problemática por sí solas, por lo que demandó una estrategia clara y una coordinación efectiva entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el gobierno federal para salvaguardar a las familias tlaxcaltecas, además de fortalecer las acciones preventivas y la reconstrucción del tejido social a través de mecanismos de autocuidado ciudadano como redes vecinales y sistemas de alerta comunitaria.

A la par de sus declaraciones en materia de seguridad y fiscalización electoral, la legisladora informó sobre la presentación de una iniciativa legislativa que busca incorporar la violencia política contra las mujeres como una causal explícita para la nulidad de elecciones en la entidad.

Martínez Sánchez explicó que la legislación local actual no contempla de manera específica este supuesto dentro de su catálogo de nulidades, una omisión que deja en clara desventaja a las candidatas que son víctimas de agresiones o campañas de desprestigio durante las contiendas.

Con esta propuesta, se pretende que cualquier elección pueda ser anulada de forma legal cuando se compruebe la existencia de violencia política de género y se determine que esta influyó de manera determinante en el resultado, especialmente en escenarios donde la diferencia de votos entre las candidaturas sea mínima, garantizando así condiciones de equidad y justicia para las mujeres que participan en la vida democrática del estado.

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