Tlaxcala, Tlax.- El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino Alvarado, dejó claro que el gobierno estatal acatará cualquier instrucción que emita la autoridad judicial respecto a los amparos promovidos por ciudadanos que se oponen al proyecto de la Ciudad de la Juventud en Tlaxcala.
En entrevista colectiva, explicó que el gobierno ya fue notificado formalmente de estas resoluciones y que existen varios amparos en curso, aunque en la mayoría no se concedió la suspensión.
Sin embargo, reconoció que al menos uno de los juicios sí obtuvo suspensión provisional, y precisó que el 28 de enero se llevará a cabo la audiencia incidental, donde el juez determinará si esta medida se convierte o no en suspensión definitiva. Aquino Alvarado subrayó que la postura de la SMA es clara: respetar y cumplir la ley, sin confrontaciones y con total apego a las decisiones judiciales.
Qué papel juega la Secretaría de Medio Ambiente
El funcionario enfatizó que, desde la perspectiva de la SMA, no existe ningún acto que deba detenerse, ya que esta dependencia no ejecutará obras dentro del Parque de la Juventud para la construcción del proyecto. Aun así, recalcó que la Secretaría mantiene una política de puertas abiertas y diálogo constante con la ciudadanía.
“Seguimos dialogando con los grupos que se han acercado, tanto de manera verbal como por escrito. Estamos atendiendo y avanzando en el diálogo con asociaciones y ciudadanos”, señaló. Esta postura busca reducir tensiones y mantener canales de comunicación activos, especialmente en un tema que ha generado inconformidad social desde hace meses.
Origen del conflicto y exigencias ciudadanas
La polémica alrededor de la Ciudad de la Juventud no es nueva. De acuerdo con defensores del parque, la inconformidad inició en octubre de 2025, cuando el Parque de la Juventud fue cerrado sin previo aviso para comenzar trabajos preliminares. El proyecto contempla una inversión cercana a los 122 millones de pesos, pero organizaciones ciudadanas aseguran que carece de un estudio de impacto ambiental y social, además de permisos claros que regulen su ejecución.
La semana pasada, los defensores informaron que el Tercer Juzgado de Distrito concedió la suspensión provisional, lo que implica que no se puede realizar ninguna obra o intervención hasta que exista una resolución definitiva. Argumentan que recurrieron al amparo tras la cancelación de mesas de diálogo y la falta de acceso a información oficial sobre el proyecto.
Mientras el proceso legal avanza, el futuro de la Ciudad de la Juventud en Tlaxcala permanece en pausa, a la espera de lo que determinen los tribunales y de si el diálogo entre autoridades y ciudadanía logra destrabar el conflicto.
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