Atlangatepec lleva su cuenta pública hasta la SCJN y sacude la fiscalización en Tlaxcala

De acuerdo con el expediente 248/2025, el síndico municipal Iván Rebollo Castro presentó el recurso legal en representación del ayuntamiento. El municipio busca que se declare la invalidez de distintos actos derivados del proceso de fiscalización, así como del acuerdo mediante el cual el Congreso local dio por revisada y analizada la cuenta pública del periodo comprendido entre el 31 de agosto y el 31 de diciembre de 2024.

La demanda ya fue admitida a trámite por la ministra instructora Sara Irene Herrerías Guerra, lo que significa que el caso ya entró formalmente al radar del máximo tribunal del país. Y aunque todavía falta que se resuelva el fondo, desde ahora el tema ya genera ruido porque podría redefinir hasta dónde pueden llegar los órganos estatales al revisar recursos federales manejados por los municipios.

El fondo del conflicto: recursos federales, autonomía municipal y choque de facultades

El punto más delicado de este asunto es que Atlangatepec sostiene que el OFS se metió en una esfera que no le corresponde. Según el ayuntamiento, la revisión realizada vulnera el principio constitucional de libre administración de la hacienda municipal, ya que el órgano técnico del Congreso fiscalizó recursos provenientes de fondos federales.

Entre los recursos señalados están el Ramo 28, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), todos de enorme relevancia para la operación y desarrollo de los ayuntamientos.

El argumento jurídico del municipio es que:

La fiscalización de recursos federales corresponde principalmente a la Auditoría Superior de la Federación, salvo cuando existan convenios específicos o disposiciones legales que permitan otra intervención.

En otras palabras, Atlangatepec acusa una presunta invasión de competencias. No solo cuestiona los oficios de auditoría y los pliegos de observaciones emitidos durante la revisión del ejercicio fiscal 2024, sino también el acuerdo legislativo que validó todo el procedimiento.

Para el municipio, el problema no es menor: considera que la aprobación de esa revisión por parte del Congreso local es precisamente el acto que consolida la posible extralimitación del OFS.

La decisión de la Corte podría impactar a más municipios de Tlaxcala y del país

Con la admisión del caso, la Suprema Corte ordenó emplazar al Poder Legislativo de Tlaxcala para que responda a los señalamientos. En tanto, el OFS fue llamado como tercero interesado, debido a su autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus funciones.

Además, el máximo tribunal también dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del gobierno federal, como parte del procedimiento habitual en controversias constitucionales entre distintos órdenes de gobierno.

Este caso no llega en un vacío. En Tlaxcala ya existen antecedentes parecidos. En años recientes, el municipio de Contla de Juan Cuamatzi promovió un juicio similar para cuestionar las facultades del OFS respecto a la revisión de recursos federales ejercidos por ayuntamientos.

Por eso, lo que resuelva la SCJN podría convertirse en un precedente importante para todo el país. La discusión va mucho más allá de Atlangatepec: está en juego cómo se interpreta el artículo 115 constitucional, qué tan fuerte es la autonomía hacendaria municipal y hasta dónde pueden intervenir los órganos estatales de fiscalización cuando se trata de dinero federal.

Si la Corte le da la razón al municipio, varios ayuntamientos podrían tomar este caso como referencia para frenar revisiones similares. Pero si valida la actuación del Congreso y del OFS, también podría fortalecer el margen de acción de los estados en la vigilancia del gasto municipal.

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