Tlaxcala, Tlax.- Desde hace ocho años, el Ayuntamiento de Tlaxcala no ha realizado el trámite para formalizar el contrato de luz ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Casa del Estudiante, lo que ha obligado a los jóvenes a buscar alternativas por su cuenta para mantener el servicio eléctrico.
A pesar de que el inmueble está registrado a nombre del Ayuntamiento capitalino, las administraciones en turno, incluidas las de Anabel Ávalos, Jorge Corichi y Alfonso Sánchez García, han evitado asumir su responsabilidad legal para formalizar dicho servicio ante la CFE.
Estudiantes pagan la luz mediante boteo ante abandono oficial
De acuerdo con María Fernanda Vázquez Hernández, presidenta de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), los estudiantes han tenido que negociar directamente con la CFE para acceder al servicio, el cual costean mediante el tradicional “boteo”.
La líder estudiantil denunció que el presidente municipal, Alfonso Sánchez García, ha ignorado su obligación de cumplir con este contrato, el cual está estipulado en un convenio previo que reconoce al Ayuntamiento como responsable del inmueble.
Ayuntamiento tampoco ha firmado el comodato del inmueble
Además del contrato de luz, el Ayuntamiento de Tlaxcala tampoco ha firmado el comodato del edificio, a pesar de que su construcción se logró gracias a la gestión de Antorcha Campesina, que consiguió 60 millones de pesos del Congreso de la Unión para levantar este albergue estudiantil.
El acuerdo estipulaba que la Casa del Estudiante estaría bajo resguardo y administración del gobierno capitalino, situación que hasta hoy no ha sido regularizada.
La Casa del Estudiante alberga a jóvenes de escasos recursos
Este inmueble brinda refugio a 60 estudiantes originarios de distintos municipios del estado, quienes, por razones económicas, no pueden costear una renta para continuar con sus estudios universitarios. Para muchos de ellos, la Casa del Estudiante representa la única posibilidad de seguir en la escuela.
El desinterés del gobierno municipal por regularizar los servicios básicos y jurídicos del albergue pone en riesgo el derecho a la educación y a una vida digna de decenas de jóvenes tlaxcaltecas.
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