Bloqueos paralizan tribunales federales en Tlaxcala y congelan plazos legales

La determinación fue tomada “por causa de fuerza mayor”, luego de los hechos violentos ocurridos el 22 de febrero que derivaron en cierres carreteros y complicaciones en la movilidad regional.

El acuerdo fue firmado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados del Circuito, Ricardo Hernández Rugerio, quien explicó que la prioridad fue proteger la integridad de usuarios y del personal judicial ante un escenario que escapaba a su control.

En términos prácticos, esto significa que el lunes 23 de febrero no corrieron plazos ni términos procesales, exclusivamente en los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito. Es decir, los tiempos legales se “congelaron” para evitar afectaciones a las partes involucradas.

Protección a usuarios y personal judicial, la prioridad

Aunque en Tlaxcala no se registraron niveles de violencia como en otras entidades, los bloqueos en carreteras federales tuvieron un impacto inmediato en la movilidad, especialmente para trabajadores que viajan desde estados vecinos para laborar en Apizaco.

En el oficio dirigido a:

• Personas abogadas
• Postulantes
• Litigantes
• Público en general

se detalló que la suspensión se realizó con fundamento en el artículo 9, fracciones XIII y XIV, así como en el artículo 10 del Acuerdo General del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, normativa que sigue vigente en lo que no se oponga a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El documento subraya que la medida fue de carácter preventivo, con el objetivo de:

“Salvaguardar la integridad y seguridad de las personas usuarias del servicio de impartición de justicia y del personal adscrito a estos órganos jurisdiccionales”.

La decisión fue tomada por mayoría de las personas titulares de los tribunales.

Impacto legal y comunicación institucional

La declaratoria de día inhábil implica que ningún término procesal transcurrió ese día, evitando que alguna de las partes perdiera derechos por una situación ajena a su voluntad.

Además, la medida fue comunicada a la presidencia del Órgano de Administración Judicial y a la Secretaría Ejecutiva del pleno correspondiente, para los efectos legales conducentes.

Aunque se trató de una suspensión temporal, el hecho refleja cómo los bloqueos carreteros pueden generar repercusiones más allá de la movilidad, impactando directamente en la administración de justicia federal en Tlaxcala.

El mensaje fue claro: ante condiciones extraordinarias, la prioridad es garantizar la seguridad y evitar afectaciones procesales. Y esta vez, los tribunales federales en Apizaco optaron por frenar un día para proteger tanto a trabajadores como a ciudadanos que dependen del sistema judicial.

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