Tlaxcala, Tlax.- La posibilidad de acceder al reconocimiento legal de la identidad de género en Tlaxcala existe desde hace siete años. Sin embargo, para muchas personas trans el ejercicio de ese derecho sigue encontrando obstáculos que van más allá de la ley.
Ahora, una propuesta busca cambiar ese escenario. La iniciativa plantea que el trámite para modificar el nombre y sexo en las actas de nacimiento sea completamente gratuito, eliminando costos y procesos que actualmente dificultan el acceso a la identidad legal.
Impulsan gratuidad para el reconocimiento de identidad de género en Tlaxcala
El director del Programa de VIH y Derechos Humanos del Colectivo LGBTTTI+ Tlaxcala, Antonio Escobar Muñoz, promueve una reforma al Código Civil con el objetivo de simplificar el procedimiento y garantizar que las personas trans puedan acceder a él sin costos.
De acuerdo con el activista, actualmente el proceso puede alcanzar cerca de 4 mil pesos, considerando gastos relacionados con resguardo del acta original, anotaciones registrales, expedición de documentos, notificaciones y otros trámites administrativos.
“Estamos planteando que el cambio de identidad sea gratuito porque se trata del reconocimiento de un derecho humano”, sostuvo.
Los costos siguen siendo una barrera para muchas personas
Aunque Tlaxcala reconoció legalmente este derecho desde 2019, Escobar Muñoz señaló que los gastos asociados continúan representando un obstáculo para quienes buscan actualizar su documentación oficial.
Según explicó, el problema no solo afecta a quienes enfrentan limitaciones económicas, sino que también genera desigualdad en el acceso a un derecho fundamental.
La propuesta busca homologar este procedimiento con el derecho que tiene cualquier persona a obtener gratuitamente su primera acta de nacimiento, eliminando los cobros que actualmente deben cubrir los solicitantes.
La burocracia y la falta de información complican el trámite
Además del aspecto económico, el activista identificó diversos obstáculos administrativos que desalientan a quienes intentan iniciar el proceso.
Uno de los principales problemas es la ausencia de información pública clara sobre los requisitos exigidos por el Registro Civil. En muchos casos, las personas conocen los documentos necesarios únicamente cuando acuden a las oficinas para comenzar el trámite.
La falta de orientación genera incertidumbre y retrasa el acceso al procedimiento, situación que, según organizaciones civiles, sigue afectando a la comunidad trans en la entidad.
Una campaña reveló que las barreras persisten
Entre febrero y mayo de este año se desarrolló la campaña “Tu identidad, tu derecho”, impulsada por la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones de la diversidad sexual.
Durante ese periodo se ofreció acompañamiento jurídico especializado y se logró la condonación de pagos relacionados con la rectificación de identidad de género.
Sin embargo, únicamente tres personas concluyeron exitosamente el procedimiento, una cifra que, para los impulsores de la iniciativa, evidencia que el problema no se limita al aspecto económico.
Las barreras administrativas, la falta de información y diversos factores sociales continúan dificultando que más personas ejerzan plenamente este derecho.
La reforma requerirá coordinación entre dependencias estatales
El proyecto también contempla mecanismos que permitan agilizar el procedimiento mediante una mejor coordinación institucional.
Escobar Muñoz explicó que la propuesta es analizada junto con autoridades estatales, debido a que la Coordinación del Registro Civil depende administrativamente del Poder Ejecutivo. Por ello, cualquier modificación requerirá la participación de la Secretaría de Gobierno y de la Oficialía Mayor.
Mientras avanzan las discusiones, organizaciones y activistas consideran que facilitar el acceso al reconocimiento legal de la identidad de género podría representar un paso importante para fortalecer la inclusión y garantizar derechos en Tlaxcala.
Además, sostienen que el impacto presupuestal para el estado sería reducido, ya que el número de trámites realizados anualmente es limitado frente al beneficio social que podría generar la medida.
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