Tlaxcala, Tlax.,-Este martes un operativo policial desplegado en la carretera federal México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, derivó en graves acusaciones de represión y violaciones a los derechos humanos por parte de integrantes del Frente Agrario Nacional.
El desalojo, ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) bajo el protocolo denominado “Paso Libre”, buscaba reabrir la circulación de esta vía estratégica; no obstante, los testimonios de los productores agrícolas contradicen frontalmente la versión oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que sostiene haber actuado bajo principios de legalidad y sin registrar detenciones.
En una conferencia de prensa de carácter urgente frente a Palacio de Gobierno, el vocero del movimiento, Emigdio Taboada, relató una intervención caracterizada por la opacidad y la violencia física.
Según su testimonio, los agentes utilizaron gas lacrimógeno y tácticas de sometimiento contra una multitud que incluía a mujeres y adultos mayores, aprovechando la escasa visibilidad matutina.
Taboada denunció haber sido víctima de una privación ilegal de la libertad momentánea junto a su padre, durante la cual asegura haber sido objeto de agresiones físicas y amenazas directas que vinculan la acción policial con una represalia política por su activismo.
La controversia se extiende al manejo de la propiedad privada y la seguridad digital, ya que el líder campesino reportó el decomiso injustificado de dispositivos móviles, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre el uso de información personal y la posible orquestación de campañas de hostigamiento telefónico.
A pesar de que el Gobierno Estatal ha minimizado el impacto del operativo, calificando el uso de la fuerza como "proporcional", los manifestantes han desmentido la portación de cualquier tipo de artefacto explosivo, atribuyendo las detonaciones registradas en transmisiones en vivo exclusivamente al equipo táctico de los cuerpos de seguridad.
Los representantes del Frente Agrario han responsabilizado directamente a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por cualquier afectación futura a su integridad física o la de sus familias.
Pese al clima de hostilidad y al temor manifiesto por posibles represalias, la dirigencia campesina mantiene una postura de apertura institucional, confirmando su asistencia a la mesa de diálogo programada con el Ejecutivo estatal, aunque advierten que la desmovilización definitiva dependerá de respuestas concretas y no de medidas coercitivas que vulneren el derecho constitucional a la protesta social.
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