Tlaxcala, Tlax.- El Centro Fray Julián Garcés (CFJG) instó a las autoridades estatales a garantizar la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos. Este llamado se centra especialmente en temas críticos como el acceso al agua potable y la preservación del medio ambiente.
El acceso al agua: un derecho fundamental
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización recordó que el acceso al agua potable y el saneamiento son derechos humanos protegidos por la Constitución. Recalcó que las autoridades, tanto federales como locales, tienen la responsabilidad de garantizar su cumplimiento.
Falta de avances en la Cuenca del Alto Atoyac
A pesar de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac, el CFJG denunció la falta de avances significativos. Investigaciones respaldadas por el Conahcyt han demostrado que la contaminación persiste e incluso ha empeorado en algunas áreas, afectando gravemente la salud de las comunidades.
Críticas al plan del gobierno federal
El CFJG expresó su preocupación por el actual plan del gobierno federal, que incluye la construcción de seis plantas de tratamiento y un acueducto de riesgo. Según la organización, este enfoque ignora el trabajo comunitario previo y no prioriza soluciones naturales como la reforestación y la restauración del suelo.
Exigencias del Centro Fray Julián Garcés
La organización exigió que el Plan Hídrico Nacional adopte una perspectiva de restauración ecológica y considere las propuestas comunitarias para un saneamiento integral de la Cuenca del Alto Atoyac-Zahuapan. También instó a las autoridades a respetar los compromisos del Acuerdo de Escazú, que asegura la participación ciudadana en decisiones ambientales.
El CFJG subrayó que la crisis ambiental y de derechos humanos en la región requiere soluciones integrales, sostenibles y participativas que prioricen a las comunidades afectadas.
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