Tlaxcala, Tlax,– El exalcalde de San Damián Texóloc, Arturo Covarrubias Cervantes, ha iniciado una batalla legal en tribunales federales tras denunciar que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a través del juzgado especializado en Combate a la Corrupción, le ha negado el acceso a la carpeta de investigación instruida en su contra.
El exfuncionario, vinculado a una influyente familia política en la entidad, busca obtener la protección de la justicia federal para imponerse de los cargos que enfrenta.
La controversia jurídica tomó relevancia luego de que el propio Arturo Covarrubias promoviera un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, quedando asentado bajo el expediente 472/2026.
En dicho recurso, el quejoso reclama formalmente el acuerdo ministerial fechado el 4 de marzo, mediante el cual se le restringió el derecho a conocer los detalles de la investigación y, por consecuencia, a ejercer actos de defensa.
En su exposición, señala la omisión de las autoridades locales para reconocerle formalmente su calidad de imputado, situación que lo mantiene en un estado de incertidumbre jurídica.
Pese a la urgencia de su solicitud, el juzgado federal le denegó inicialmente la suspensión provisional.
Ante este revés, el equipo legal del exmunícipe —quien es hijo de la actual diputada local del PT, Maribel Cervantes Hernández, y hermano del exdiputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes— escaló el conflicto ante el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, instancia que deberá determinar si la actuación de la fiscalía vulnera el debido proceso.
El proceso penal contra el exalcalde no es un hecho aislado, sino que guarda estrecha relación con los informes emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) durante su gestión en el periodo 2021-2024.
Las auditorías practicadas revelaron irregularidades significativas que derivaron en la reprobación de sus cuentas públicas.
De acuerdo con los registros oficiales, el ejercicio fiscal 2022 presentó un daño patrimonial estimado en 3 millones 474 mil 976 pesos, cifra que representa el 10.2% del presupuesto total devengado ese año.
Esta tendencia se mantuvo en el ejercicio 2023, donde el probable quebranto a las finanzas municipales se calculó en 3 millones 326 mil 909 pesos.
El desenlace de este recurso ante el Tribunal Colegiado será determinante para definir el rumbo de la causa penal, en un contexto donde el combate a la corrupción se mantiene como un tema prioritario en la agenda pública de Tlaxcala.
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