Tlaxcala, Tlax.- Con el respaldo de la mayoría de diputados de Morena y aliados, el Congreso de Tlaxcala aprobó reformas a la Ley del Notariado y el Código Penal local, estableciendo que el cargo de notario será cancelado al cumplir 70 años de edad. Además, se creó el tipo penal de usurpación de funciones notariales, con penas de hasta 12 años de prisión para quienes ejerzan sin autorización.
Críticas y advertencias del PRD
Las diputadas del PRD, Blanca Águila Lima y Laura Yamili Flores Lozano, calificaron la reforma como oscura, inconstitucional y discriminatoria, advirtiendo que podría ser impugnada. Señalaron que el límite de edad vulnera derechos humanos y abre la puerta a decisiones arbitrarias para remover notarios sin garantías adecuadas.
“La reforma es ambigua y subjetiva. Condicionar la permanencia en el cargo a la disminución de facultades físicas y mentales, sin criterios claros, podría derivar en decisiones discrecionales”, sostuvo Blanca Águila Lima.
Respaldo oficial y argumentos a favor
El diputado Vicente Morales Pérez presentó la iniciativa, que fue aprobada en menos de 48 horas. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jaciel González Herrera, defendió la reforma afirmando que fortalece el ejercicio notarial y brinda certeza jurídica.
“No se trata de una afectación, sino de medidas para el buen desempeño de la función notarial”, afirmó González Herrera.
Nuevas sanciones por usurpación de funciones notariales
El Congreso también aprobó penas de 5 a 8 años de prisión y multas de hasta 16 mil unidades de medida para quienes ejerzan funciones notariales sin autorización. En caso de que el infractor sea un exnotario con patente cancelada, la pena aumentará hasta en una mitad.
Asimismo, los notarios que ejerzan fuera de su jurisdicción podrán enfrentar de 2 a 5 años de prisión y multas de hasta 8 mil unidades de medida.
Impacto y controversia
Mientras el gobierno defiende la reforma como una medida para mejorar la función notarial, la oposición advierte que podría derivar en impugnaciones por discriminación y falta de claridad en su aplicación. El debate sigue abierto y se espera que grupos afectados busquen vías legales para revertir la medida.
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