Tlaxcala, Tlax., El Congreso de Tlaxcala aprobó, tras un extenso debate, la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado de la República que otorga al Estado la responsabilidad de la transición energética hacia fuentes renovables. La reforma establece que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a considerarse empresas públicas estatales, y prohíbe que las empresas privadas prevalezcan sobre las estatales en la industria eléctrica. Además, el litio queda reservado al Estado, sin concesiones a privados.
En la sesión de este martes, se leyeron las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, reafirmando que la CFE debe proveer electricidad al menor costo posible, sin fines de lucro, para garantizar la seguridad nacional y la soberanía energética.
La diputada Miriam Martínez Sánchez del Partido Acción Nacional (PAN) expresó su oposición, calificando la reforma como un retroceso y una "contrarreforma" que ignora los avances hacia una energía más limpia. Argumentó que la reforma fortalece monopolios y carga las deudas de Pemex y la CFE al Estado mexicano, afectando a futuras generaciones. También criticó la falta de modernización de Pemex y el déficit de proyectos como Dos Bocas.
En defensa, el diputado de Nueva Alianza, Bladimir Zainos Flores, argumentó que gobiernos anteriores dejaron una herencia de corrupción y daños al patrimonio nacional, recordando el fallido proyecto de la refinería que solo dejó una barda. Resaltó que la reforma no es un asunto partidista, sino de soberanía nacional y de garantizar que los beneficios lleguen a la ciudadanía.
La reforma fue finalmente aprobada con 20 votos a favor y dos en contra (PAN y MC). La diputada del PRD, Laura Yamili Flores Lozano, votó a favor, pero advirtió que estará vigilante de posibles actos de corrupción en proyectos emblemáticos como el aeropuerto Felipe Ángeles y el tren Maya.
En la misma sesión, se aprobó otra reforma constitucional para establecer el derecho al transporte ferroviario de pasajeros, buscando modernizar el sistema de transporte público en beneficio de la ciudadanía y permitiendo al Ejecutivo federal otorgar concesiones a empresas públicas o privadas para operar este servicio.
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