Tlaxcala, Tlax.- A más de un mes de que concluyó el periodo de Elizabeth Olivares Guevara, el Congreso del Estado de Tlaxcala sigue sin emitir la convocatoria para designar a una nueva o nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET).
Esta omisión no es menor, ya que mantiene incompleta a una de las instancias clave encargadas de representar la voz ciudadana en el combate a la corrupción.
La ley es clara y no deja espacio para interpretaciones. El artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción establece que las personas integrantes del CPC deben ser elegidas por el voto de las dos terceras partes del Congreso, mediante un proceso público, transparente y con criterios técnicos bien definidos. Aun así, el procedimiento ni siquiera ha sido activado, pese a que la vacante existe desde el 15 de diciembre.
El Congreso tenía la obligación de activar una consulta pública
De acuerdo con la propia legislación, corresponde al Poder Legislativo, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, organizar una consulta pública abierta para recibir postulaciones ciudadanas. Esto implica definir y publicar metodología, plazos, criterios de evaluación y mecanismos claros de registro.
Además, el proceso debe incluir la revisión de perfiles, la publicación de la lista de aspirantes y la realización de audiencias públicas, donde participen investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas de transparencia y rendición de cuentas. Nada de esto ha ocurrido hasta ahora, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con la ley.
Un comité incompleto manda un mensaje preocupante
La omisión legislativa afecta directamente al CPC, órgano que funge como enlace entre la ciudadanía y las instituciones del Sistema Anticorrupción. Su función es coadyuvar con el Comité Coordinador y fortalecer la relación con sectores académicos y sociales que vigilan el uso correcto de los recursos públicos.
Mantener al comité incompleto debilita su capacidad operativa y manda un mensaje contradictorio en un contexto donde el discurso oficial insiste en el combate frontal a la corrupción. La ley señala que el CPC debe estar integrado por cinco personas con experiencia en transparencia, fiscalización o combate a la corrupción, pero actualmente opera con una ausencia que afecta su representatividad y toma de decisiones.
A este pendiente se suma otro problema institucional: Juan Carlos Cruz Jiménez, presidente del CPC, también espera la emisión de la convocatoria para designar a la persona titular de la Secretaría Técnica, tras la renuncia de Sergio Pérez George, quien asumió recientemente la presidencia del Órgano de Administración Judicial. Dos vacantes clave, un mismo silencio legislativo y un Sistema Anticorrupción que sigue esperando respuestas.
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