Tlaxcala, Tlax., El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado de Tlaxcala, Jaciel González Herrera, aclaró que el Poder Legislativo no eliminó restricciones para que los ayuntamientos o el gobierno del estado puedan contraer deuda pública. Afirmó que la posibilidad de adquirir créditos ya estaba contemplada en la Constitución local y en diversas leyes, por lo que la reciente reforma a la Ley de Deuda Pública no modifica esta facultad.
En respuesta a las críticas generadas tras la aprobación de dicha reforma, González Herrera, quien también coordina la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que existe desinformación sobre el tema y que el Congreso simplemente está armonizando la legislación.
“El Congreso del Estado no abrió ningún candado ni reformó ninguna disposición legal para permitir que los ayuntamientos y el gobierno del estado contraten deuda pública. Esa disposición ya está establecida en la Constitución Política local desde el año 2001 y nuevamente en 2008”, afirmó el legislador.
La reforma enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, y aprobada por la legislatura, establece un marco que permite a los municipios unir esfuerzos entre sí o con el gobierno estatal para adquirir financiamiento conjunto destinado a proyectos de infraestructura pública y servicios. Según González Herrera, esta enmienda no permite a los municipios heredar deudas a futuras administraciones, pues la ley exige que se paguen antes de concluir su mandato.
El legislador también enfatizó que el Congreso sigue siendo el responsable de aprobar las solicitudes de financiamiento mediante un riguroso proceso de análisis y justificación. "El procedimiento está sometido a un análisis de viabilidad, justificación y requisitos para que el Poder Legislativo autorice", explicó.
La reforma aprobada recientemente, conocida como Esquema Global de Financiamiento, permite que el Congreso autorice operaciones financieras a través de un único decreto, lo que busca facilitar la inversión en proyectos de gran escala en beneficio de los municipios sin comprometer su estabilidad financiera.
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