Tlaxcala, Tlax.- El Congreso del Estado de Tlaxcala continúa enfrentando un problema administrativo que, aunque ya está resuelto legalmente, sigue abierto por la negativa de algunos involucrados. Así lo reconoció Vicente Morales Pérez, presidente del Comité de Administración del Poder Legislativo, al informar que 11 ex trabajadores aún no han acudido a recibir su finiquito, a pesar de que existe un fallo judicial firme que puso fin al litigio iniciado desde 2021.
El legislador explicó que el proceso legal concluyó oficialmente en febrero de 2024, cuando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ratificó la cancelación de diversas plazas y ordenó el pago correspondiente a 34 personas que fueron basificadas al final de la LXIII Legislatura. Sin embargo, hasta junio de 2025, un grupo reducido sigue sin formalizar la conclusión de su relación laboral, lo que mantiene abierto el expediente administrativo.
Morales Pérez fue claro al señalar que el Congreso ha cumplido con lo que la ley establece y que el trámite únicamente depende de que los exempleados se presenten a recibir el pago que les corresponde.
La postura del Poder Legislativo y el llamado a los extrabajadores
De acuerdo con el presidente del Comité de Administración, la disposición del Congreso siempre ha estado abierta. Reiteró que existe un “puente” permanente para que los extrabajadores acudan al Palacio Legislativo y concluyan el proceso conforme a derecho.
“El trámite legal ya terminó, ya solo estamos esperando a que pasen por lo que les corresponde”, subrayó el diputado, al insistir en que no hay ningún pendiente jurídico, únicamente falta la aceptación formal del finiquito para extinguir definitivamente la relación laboral.
Desde la óptica de la actual Legislatura, cerrar este capítulo es prioritario, no solo para dar certeza jurídica a los extrabajadores, sino también para mantener claridad en las finanzas del Poder Legislativo y evitar que el tema se prolongue innecesariamente.
Origen del litigio y monto total de los finiquitos
El conflicto se originó en noviembre de 2021, cuando el Congreso determinó concluir la relación laboral con 34 trabajadores basificados. Esta decisión derivó en demandas por despido injustificado, mismas que se resolvieron tras casi tres años de litigio.
Finalmente, la autoridad laboral ordenó el pago de 9.5 millones de pesos en total, monto que fue calculado de manera individual conforme al salario y la antigüedad de cada ex trabajador. Morales Pérez explicó que la resolución se fundamenta en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tlaxcala y en el artículo 123 constitucional, que regula las relaciones laborales en el sector público.
Una vez agotados todos los medios legales, el cumplimiento de la sentencia es obligatorio, pero también requiere que el trabajador acepte el pago para cerrar el ciclo legal. Mientras eso no ocurra, el expediente seguirá abierto, aunque el asunto esté jurídicamente resuelto.
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