Tlaxcala, Tlax.- Desde el 15 de diciembre, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET) opera de manera incompleta, y no por falta de perfiles, sino por una omisión directa del Poder Legislativo. El Congreso local no ha realizado el nombramiento pendiente para cubrir el espacio que dejó Elizabeth Olivares Guevara, ex presidenta del Comité, quien concluyó su periodo el 14 de diciembre tras cinco años en el cargo.
Esta falta no es menor. El Comité debe estar integrado por cinco personas, y cada ausencia debilita su capacidad de acción, justo cuando la ciudadanía exige más vigilancia, transparencia y rendición de cuentas.
La importancia del Comité y lo que la ley sí exige al Congreso
El Comité de Participación Ciudadana es la voz ciudadana dentro del Sistema Anticorrupción. Su función principal es vincular a la sociedad civil, organizaciones académicas y ciudadanía con las acciones de prevención, disuasión y combate a la corrupción.
La ley es clara: las y los integrantes deben ser elegidos por el voto de las dos terceras partes del Congreso, luego de una consulta pública abierta, con reglas claras, plazos definidos y criterios transparentes. Además, el Legislativo está obligado a hacer pública la metodología, la lista de aspirantes, los documentos entregados (en versiones públicas) y el calendario de audiencias.
Sin embargo, estos pasos no se han cumplido, lo que vuelve a dejar en entredicho el compromiso del Congreso con la transparencia y la legalidad.
Nombramientos recientes, pero una omisión que sigue pesando
En noviembre, la LXV Legislatura sí avanzó en parte al designar a Guadalupe Ortega Gutiérrez y Brandon Jiménez Enríquez como nuevos integrantes del Comité, cubriendo dos vacantes existentes. Ambos ejercerán el cargo por cinco años, del 14 de noviembre de 2025 al 13 de noviembre de 2030, conforme a la ley.
Aun así, la nueva omisión deja al Comité trabajando a medias, justo cuando debería fortalecerse. Un órgano ciudadano incompleto significa menos vigilancia, menos contrapesos y menos confianza pública.
Hoy, el mensaje es claro: mientras el Congreso no complete la integración del Comité, la lucha contra la corrupción en Tlaxcala avanza con freno de mano, y la ciudadanía sigue esperando que la legalidad no sea opcional, sino una obligación.
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