Tlaxcala, Tlax.- La situación en Tzompantepec se puso bastante tensa luego de que varios regidores y presidentes de comunidad acusaran al alcalde Marcelino Ramos Montiel de frenar por completo el funcionamiento del cabildo.
Según dijeron, el edil no solo ha suspendido sesiones importantes, sino que además ha retrasado otras sin razón alguna, lo que dejó atorados asuntos administrativos, financieros y de gobernabilidad que son urgentes para la gente. Lo más fuerte es que, aseguran, también ha evitado transparentar el manejo del erario, lo que levantó las alarmas entre las autoridades auxiliares.
La denuncia ya fue llevada ante el OFS, el Congreso local y legisladores, con la intención de que intervengan y obliguen a que el gobierno municipal vuelva a operar como marca la ley.
Sesiones suspendidas sin explicación y posible incumplimiento legal
Los regidores explicaron que la sesión ordinaria número 28, programada para el 25 de noviembre, se suspendió “de manera abrupta y sin causa justificada”. Eso dejó varios temas sin resolver y sin el cierre formal del acta, lo que para ellos representa una violación clara a la Ley Municipal de Tlaxcala. Además, recordaron que desde el 6 de octubre no sesionan, incumpliendo la obligación legal de sesionar cada 15 días.
Otros presidentes de comunidad también se sumaron a la denuncia, como Bernardo Montiel Carrasco, quien aseguró que la suspensión podría estar relacionada con la negativa del alcalde de entregar información financiera y presupuestal clave. Para él, esto podría ser incluso un impedimento deliberado a la fiscalización interna del ayuntamiento.
Advertencias de ingobernabilidad y llamado urgente a intervenir
Regidores como Guadalupe Farfán Velasco y José Juan Ramírez Pérez afirmaron que la falta de información y sesiones afecta directamente la toma de decisiones sobre obras, recursos y servicios municipales. Por eso, avisaron que no validarán ningún acuerdo que no haya sido revisado por el cabildo en pleno.
Ante este panorama, los integrantes del ayuntamiento advirtieron que la omisión está generando una crisis interna de gobernabilidad, que puede afectar desde la asignación de recursos hasta temas de seguridad y desarrollo. Por ello, pidieron al Congreso y al OFS que intervengan cuanto antes para evitar que la ciudadanía siga pagando las consecuencias de esta parálisis.
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