Defienden el agua como derecho humano y alertan sobre riesgos de privatización

La también titular de la Institución Nacional Defensora de Derechos Humanos de El Salvador ofreció la conferencia magistral “Mujeres y el Derecho al Agua” en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde subrayó que el agua es un bien común y un derecho fundamental, no una mercancía.

Recordó que una de cada seis personas en el mundo no tiene acceso al volumen mínimo de agua, que va de los 20 a los 50 litros diarios por persona. Esta realidad, dijo, obliga a los Estados a asumir su papel como garantes y a generar condiciones para que toda la población participe en la toma de decisiones sobre políticas hídricas.

Mujeres, agua y desigualdad: una realidad invisibilizada

Caballero de Guevara destacó que las mujeres viven de manera más directa la crisis del agua, ya que en muchas comunidades son ellas quienes recorren kilómetros para acarrear el vital líquido hasta sus hogares. A pesar de ello, su papel ha sido históricamente invisibilizado en la planeación y gestión de los sistemas de agua potable.

La especialista enfatizó que la participación de las mujeres en el diseño, operación y mantenimiento de los servicios de agua es clave, no solo para mejorar su eficiencia, sino también para abrir oportunidades de empleo y capacitación técnica en un sector tradicionalmente masculinizado. Romper estas barreras culturales, dijo, es parte de una agenda pendiente en materia de derechos humanos y equidad.

Crisis ambiental, agua y urgencia de políticas públicas

En su mensaje, también alertó sobre el acelerado deterioro ambiental, el cual ha provocado desequilibrios en el ciclo hidrológico, generando sequías e inundaciones cada vez más severas en distintas regiones del mundo. Para Caballero de Guevara, el cambio climático, el medio ambiente y los recursos hídricos están profundamente conectados y no pueden abordarse por separado.

Por ello, urgió a implementar políticas públicas para el uso racional del agua, reducir la pobreza y prevenir conflictos sociales derivados del acceso desigual y la mala calidad del recurso. Insistió en que una gestión justa y sostenible del agua requiere leyes sólidas, participación social y una oposición firme a la privatización, ya que esta solo ampliaría la brecha de desigualdad y pondría en riesgo una vida digna para millones de personas.

Finalmente, reiteró que la relación entre mujer, medio ambiente y agua debe colocarse en el centro del debate público, porque garantizar el acceso al agua es también garantizar derechos, salud y justicia social.