Tlaxcala, Tlax., – Vecinos del municipio de Apetatitlán se han unido en contra de la instalación de una gasera, la cual fue autorizada por el Ayuntamiento que dirige el alcalde Ernesto Azain Ávalos Marbán, pues consideran zona de riesgo donde se tiene planteado el proyecto.
Denuncias documentadas señalan que el Ayuntamiento está impulsando la instalación de una gasera en una zona altamente transitada y rodeada de infraestructura esencial, poniendo en riesgo a la comunidad.
Los inconformes acusan a la administración municipal de operar a favor de intereses privados, ocultando información clave y avanzando el proyecto "a puerta cerrada" sin una evaluación transparente del impacto en la población.
La alarma se disparó al revelarse que el proyecto contempla almacenar Gas LP frente al DIF Municipal, a solo unos pasos de puntos neurálgicos como: Centro UPAEP, Comercios y zonas concurridas; Internado "Amarillas", que diariamente concentra a menores, estudiantes y personal educativo.
“Están poniendo en riesgo a todo el municipio. Azain Ávalos y su director de Protección Civil están empujando una gasera en una zona donde convergen familias, estudiantes y servicios esenciales. Es un acto irresponsable que convierte a Apetatitlán en un polvorín”, afirmaron los vecinos enérgicamente.
Los inconformes documentaron que la propia administración municipal ha incurrido en acciones para simular apoyo al proyecto. Según oficios sellados, el 15 de octubre, Carlos Gutiérrez, director de Protección Civil Municipal, acudió a domicilios para solicitar firmas sin informar a los ciudadanos que se trataba de un respaldo para la instalación de la gasera.
La ciudadanía denuncia que esta práctica expone una operación en la que el Ayuntamiento está priorizando negocios sobre la seguridad comunitaria. El permiso, presuntamente vinculado a una empresa ubicada junto al almacén de Gamesa, avanza sin la debida transparencia y sin que el expediente sea de acceso público.
Ante lo que consideran omisiones deliberadas y falta de transparencia, la población exige la cancelación total del permiso y una auditoría inmediata a la administración municipal.
Los afectados han solicitado la intervención urgente tanto del poder legislativo, como de autoridades federales; de no ser escuchados, adelantaron que habrá movilizaciones masivas para evitar, a toda costa, la continuidad del proyecto.
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