Tlaxcala, Tlax.,– Un clima de tensión se vive en la comunidad de Toluca de Guadalupe, en Terrenate donde padres y madres de familia han alzado la voz para denunciar una serie de presuntas irregularidades, actos de discriminación y violencia laboral cometidos, por la supervisora de la zona escolar 033, Sabina Barandica Álvarez, y su hijo, el docente Carlos Abimelet Guevara Barandica.
Los inconformes, quienes recientemente se manifestaron frente a las oficinas de supervisión para demandar la intervención de las autoridades estatales, sostienen que la supervisora ha ejercido de manera reiterada malos tratos, actitudes prepotentes y expresiones ofensivas que afectan tanto al personal docente como a los tutores de la escuela primaria “Benito Juárez” y el albergue “Emilio Sánchez Piedras”.
Según denuncian, esta conducta ha fracturado la convivencia escolar y compromete el bienestar de los estudiantes.
El conflicto escaló a raíz de la presunta actuación del profesor Carlos Guevara Barandica, quien, mientras se desempeñaba frente al quinto grado grupo B en la primaria “Benito Juárez”, habría orquestado acusaciones infundadas contra tres docentes, identificadas como Nancy Osorno Munive, Nancy Daniela Jiménez Martínez y Maclovia Alberta Rosales Cuamatzi y la directora del plantel, Denis Hernández Huitzil.
Los padres de familia aseguran que, aprovechando su posición jerárquica, la supervisora Barandica Álvarez habría impulsado la remoción de dichas autoridades ante la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), contraviniendo acuerdos previos establecidos en mesas de diálogo.
La comunidad escolar ha calificado estas acciones como una "incongruencia" administrativa, señalando además el manejo opaco en la separación del cargo del hijo de la supervisora, situación sobre la cual han solicitado explicaciones formales ante el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, y el director de Educación Primaria, Jorge Guevara Lozada, mediante un documento entregado el pasado 9 de junio de 2026.
Los padres de familia han sido enfáticos en su postura: exigen la reinstalación inmediata de las trabajadoras removidas, argumentando que su salida no solo es indebida, sino que priva a sus hijos del derecho a una educación continua y de calidad.
Ante la falta de soluciones concretas, han advertido que, de no instalarse una mesa de diálogo transparente que garantice la restitución del orden y el cese de los atropellos, procederán al cierre total tanto de la institución educativa como de las oficinas de supervisión escolar.
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