Tlaxcala, Tlax.- Estalla una crisis administrativa al interior de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, donde una serie de denuncias públicas señalan la existencia de una presunta red de corrupción, extorsión y tráfico de influencias que opera desde la Jefatura de Servicios Jurídicos.
Los señalamientos apuntan a que esta área estratégica se ha transformado en un centro de beneficios ilícitos, afectando no solo el patrimonio de la institución, sino también los derechos fundamentales de trabajadores y derechohabientes.
Según las acusaciones, el mecanismo delictivo incluye cobros indebidos para la liberación de pensiones, el otorgamiento de beneficios sin derecho legal, la manipulación de contratos con proveedores y la agilización discrecional de sentencias judiciales, todo bajo un esquema de "tianguis de favores".
La inestabilidad administrativa en dicha jefatura es evidente, pues en menos de un año han desfilado al menos cinco encargados distintos.
Entre los nombres señalados destaca el de Gerardo A. Chávez Hernández, quien fue rescindido tras comprobarse manejos irregulares que causaron daños patrimoniales millonarios al instituto mediante cobros excesivos a particulares y trabajadores para reconocer antigüedades laborales.
Sin embargo, la situación escaló con el nombramiento de Fátima Montserrat Paquini Hernández, actual encargada y vinculada políticamente al exalcalde de Apetatitlán, Eloy Reyes Juárez.
A Paquini Hernández se le acusa de usurpación de funciones, ya que presuntamente se ostenta como licenciada en derecho y apoderada legal del IMSS utilizando un título y cédula profesional falsos, sin registro válido ante la Dirección General de Profesiones de la SEP.
Esta supuesta falta de capacidad técnica y legal ha tenido consecuencias financieras devastadoras para el IMSS en la entidad.
Se estima que la defensa deficiente en juicios laborales, administrativos y penales, encabezada por personal sin credenciales legítimas, ha provocado pérdidas institucionales que superan los 40 millones de pesos.
A pesar de la magnitud de estas irregularidades, las denuncias subrayan la aparente protección del Delegado del IMSS en Tlaxcala, Saúl Nevárez Jiménez quien presuntamente tiene pleno conocimiento de los hechos pero ha omitido iniciar los procedimientos penales correspondientes, permitiendo que el control de la Jefatura de Servicios Jurídicos se mantenga como una moneda de cambio política y económica.
Ante la gravedad de los delitos federales señalados, diversos sectores han exigido la intervención inmediata de las autoridades federales competentes para auditar el daño patrimonial y verificar la autenticidad de los documentos académicos de todo el personal del área jurídica.
La exigencia principal es la separación inmediata de los funcionarios involucrados y el inicio de una investigación profunda que deslinde responsabilidades penales.
Hasta el momento la delegación estatal del IMSS en Tlaxcala no ha emitido un posicionamiento oficial ni ha desmentido las acusaciones de encubrimiento que pesan sobre su titular.
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