Tlaxcala, Tlax.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) inició una revisión sin precedentes a casi 4 mil 700 elementos policíacos, tanto municipales como estatales, con un objetivo claro: verificar que no sean deudores alimentarios.
De confirmarse esta condición legal, los elementos no podrán formar parte de las fuerzas del orden y deberán ser dados de baja, conforme a la ley vigente.
Durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, el titular del Sesesp, Maximino Hernández Pulido, recordó que Tlaxcala ya cuenta con la armonización legislativa de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), la cual está vigente desde el 7 de octubre del año pasado, aunque algunos artículos comenzaron a aplicarse formalmente a partir del 1 de enero de 2026.
Este proceso no es improvisado. Pasó por varios filtros de revisión jurídica, incluyendo a la Secretaría de Gobierno (Segob), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el propio Sesesp, con la finalidad de alinear la ley local al marco nacional y evitar vacíos legales.
Deudores alimentarios ya no podrán ser policías
Uno de los puntos más relevantes —y también más sensibles— de esta reforma es que los deudores alimentarios quedan impedidos para ingresar o permanecer en las corporaciones policiales. Esto significa que no solo se revisará a quienes ya están activos, sino que también será un requisito obligatorio para nuevos ingresos.
Hernández Pulido subrayó que esta medida representa un avance importante en materia de violencia de género y responsabilidad social, ya que obliga a quienes portan un uniforme y hacen cumplir la ley a respetarla también en su vida personal.
Para lograrlo, el Sesesp realizará un cruce de información entre los padrones oficiales de deudores alimentarios y las listas que contienen los nombres de más de 2 mil 500 policías estatales y alrededor de 2 mil 200 policías municipales, distribuidos en las 60 corporaciones del estado.
Notificaciones y papel clave de Honor y Justicia
Una vez identificados los casos, el Sesesp notificará formalmente a las autoridades correspondientes, ya sea a los presidentes municipales, al titular de la SSC o a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), según corresponda.
Sin embargo, el funcionario fue claro al señalar que las comisiones de Honor y Justicia deberán contar con procedimientos bien definidos para aplicar esta nueva disposición sin errores ni retrasos. Estas instancias serán las encargadas de garantizar que el proceso sea legal, transparente y apegado a derecho.
Con esta medida, Tlaxcala se suma a una política nacional que busca fortalecer la ética, la confianza ciudadana y la responsabilidad dentro de las corporaciones de seguridad, dejando claro que quien no cumple con la ley, no puede hacerla cumplir.
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