Tlaxcala, Tlax.- El próximo año, cada diputado de la LXV Legislatura de Tlaxcala tendrá acceso a 3 millones 808 mil 512 pesos para supuestas “ayudas sociales”. Este dinero forma parte del famoso fondo para gestión social, del que no existen reglas de operación públicas, por lo que su uso se vuelve totalmente discrecional. En pocas palabras, cada legislador puede decidir a quién ayudar, cuándo y cómo, sin que la ciudadanía tenga forma de saber si realmente se usa para apoyar a quienes lo necesitan.
Además, el Presupuesto de Egresos 2026 autorizó un gasto total de 503 millones 506 mil 250 pesos para el Congreso, un aumento de más de 29 millones de pesos respecto al año anterior. De esa cantidad, 95 millones 212 mil 800 pesos se repartirán entre los 25 diputados, para que cada quien administre su “caja chica social”.
Críticas por opacidad y prácticas cuestionadas
El IMCO ha señalado que este tipo de fondos es una desviación de las atribuciones constitucionales de los congresos locales. Los diputados no están facultados para entregar despensas, juguetes, medicinas o dinero para fiestas, ya que eso corresponde al Poder Ejecutivo. Cuando lo hacen, dicen los especialistas, se fomenta el clientelismo político, se generan favores y se difumina por completo la transparencia del gasto.
Aunque el Congreso pide comprobantes y fotos, esto no garantiza que el dinero se use como debe, pues la supervisión es mínima y la información no es pública. Al final, la ciudadanía no sabe quién recibe los apoyos ni por qué.
Diputados: ¿representantes o gestores personales?
La Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala indica que los diputados deben legislar, fiscalizar y representar al pueblo, no repartir beneficios a discreción. Su labor central es vigilar el correcto uso del dinero público, no convertirse en una especie de benefactores personales financiados con recursos del erario.
Sin embargo, en la práctica, este fondo se ha normalizado, porque políticamente es rentable: entregar apoyos da votos, da imagen, da presencia. Pero mientras eso ocurre, se desdibuja la naturaleza real del trabajo legislativo y se priva a la ciudadanía de claridad sobre cómo se gasta su dinero.
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