Docentes y alumnos de la UTT y UPTx alzan la voz ante crisis administrativa y despidos masivos

Los manifestantes, que contaron con el respaldo de estudiantes y del Sindicato de Trabajadores Profesionistas y de Servicios de la UPTx, exigieron la intervención urgente de las autoridades estatales para poner freno a lo que califican como un manejo político y deficiente de sus instituciones.

La problemática central se centra en la administración de la UTT, encabezada por Lenin Calva Pérez, a quien los inconformes acusan de haber desmantelado la calidad educativa que históricamente caracterizó al plantel.

Según los testimonios recabados, a partir del pasado primero de mayo, numerosos docentes fueron separados de sus funciones sin notificación formal, simplemente retirándoles la carga horaria y, por ende, el salario.

A la incertidumbre laboral se suma una insólita exigencia económica: los profesores denunciaron que la institución pretende cobrarles un pago de 189 mil pesos bajo el argumento de una supuesta auditoría federal por falta de competencias laborales, un señalamiento que los académicos consideran infundado y parte de una estrategia de hostigamiento.

El descontento también alcanza la estructura directiva, la cual fue señalada por intervenir ilegalmente en la asignación de puestos.

De acuerdo con los manifestantes, el reglamento interno de la universidad ha sido manipulado para favorecer intereses políticos, contraviniendo un decreto federal de 2014 que estipula claramente el procedimiento para la asignación de plazas.

En este sentido, los docentes denunciaron que la mayoría de los cargos directivos y jefaturas son ocupados por perfiles sin experiencia académica, cuyos nombramientos responden a cuotas de poder y no a méritos profesionales, provocando un impacto negativo directo en los programas educativos y en la formación de los estudiantes.

Durante la protesta, salieron a relucir graves acusaciones de corrupción y favoritismo y casos como el de Hilaria Yolanda Hernández Dávila, jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien presuntamente continúa cobrando su sueldo a pesar de no presentarse a laborar desde hace más de un año.

Paralelamente, se cuestionó la gestión de Daniel Herrera Carvajal, señalado por negociar beneficios laborales y plazas directamente con el rector Calva Pérez en reuniones cerradas, ignorando las necesidades reales de la comunidad universitaria.

Los manifestantes, que sostuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación estatal, hicieron hincapié en que su lucha no busca la confrontación, sino el rescate de la excelencia académica mediante el respeto a la legalidad.

Entre sus exigencias destacan el cese de la improvisación en los cargos públicos, la transparencia en el uso de los recursos, la apertura de programas de movilidad académica y prácticas profesionales, y la garantía de un entorno donde el mérito prevalezca sobre los compromisos partidistas.

Ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades universitarias, los docentes y estudiantes advirtieron que no cesarán en su exigencia hasta obtener garantías de que la educación en sus instituciones será gestionada con perfiles competentes, honestidad y apego irrestricto a los derechos laborales.

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