Tlaxcala, Tlax.- El complejo que debería representar la vanguardia tecnológica y el orden en materia de seguridad pública en la entidad, el C5i, se encuentra hoy en el ojo del huracán dada una serie de testimonios internos, emitidos bajo estricto anonimato por temor a represalias, han puesto al descubierto una profunda crisis administrativa y humana que definen como un "infierno laboral".
La denuncia apunta de manera directa hacia el director general, Gerardo Bucio, así como a los mandos responsables de las áreas de 911 y Videovigilancia. Según los afectados, desde el inicio de la actual gestión se ha instaurado un régimen de trabajo basado en la intimidación, donde el profesionalismo ha sido desplazado por el autoritarismo.
Los operadores de emergencia, quienes son el primer contacto de la ciudadanía ante situaciones críticas, aseguran ser víctimas de un trato degradante. Los testimonios coinciden en que la dinámica diaria incluye descalificaciones en público, amenazas persistentes de despido y la imposición de jornadas o funciones arbitrarias que carecen de sustento técnico.
Esta presión psicológica, afirman, no solo erosiona el ambiente de trabajo, sino que compromete la salud emocional de quienes deben mantener la calma para salvar vidas.
El personal operativo denuncia que carece de prestaciones básicas y de garantías de estabilidad, la falta de un marco legal que proteja sus derechos laborales permite que las bajas se ejecuten de forma unilateral y sin las indemnizaciones correspondientes, dejando a los especialistas en seguridad en un estado de indefensión total.
Uno de los puntos más críticos de la acusación es el presunto tráfico de influencias dentro de la institución, pues los afectados señalan que la meritocracia ha sido sustituida por el amiguismo, otorgando beneficios, comisiones y ascensos a personas cercanas a la cúpula directiva, independientemente de su capacidad o experiencia.
Ante el temor de ser despedidos o sufrir represalias directas, el personal ha optado por la denuncia pública como último recurso, solicitando la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de los órganos de control gubernamentales.
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