Tlaxcala, Tlax.,- A pesar de que la Constitución Federal ya prohíbe el maltrato animal desde diciembre de 2024, el Congreso del Estado de Tlaxcala mantiene en la opacidad el proceso de armonización local, al respecto, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) denunció que, tras meses de inactividad en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya no existen pretextos técnicos para seguir postergando la reforma.
Claudia Edwards Patiño, presidenta de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal (SOMEBA), entregó formalmente una opinión técnica especializada al diputado Jaciel González Herrera, presidente de la comisión encargada del dictamen.
El documento acredita, mediante neurociencias y etología, el consenso global sobre la capacidad de los animales para experimentar dolor, miedo y placer. Esta evidencia busca desestimar las dudas que han frenado dos iniciativas presentadas desde febrero y marzo de 2025 por las diputadas Ana Bertha Mastranzo y Soraya Noemí Bocardo, las cuales permanecen sin dictaminar, violando los plazos establecidos en el Reglamento Interior del Congreso.
La SOMEBA advierte que la actual Ley de Bienestar Animal del estado es insuficiente. Al no tener rango constitucional, carece de la fuerza vinculante necesaria para obligar a los municipios a actuar con eficacia. La reforma propuesta por los expertos busca elevar legalmente a los animales a la categoría de seres con capacidad de sentir, establecer facultades sancionadoras claras y presupuestos mínimos para la protección animal, e integrar a los animales en planes de protección civil y utilizar el maltrato como indicador temprano de violencia familiar.
“La continuidad del congelamiento de esta reforma ya no puede atribuirse a la falta de información o sustento técnico, sino a una decisión política que ignora el interés general”, sentenció el OCPA.
Con la entrega de esta propuesta, la sociedad civil organizada deja la responsabilidad directamente en manos del diputado Jaciel González y el resto de la legislatura. Los activistas advierten que la omisión actual contraviene no solo los reglamentos internos del Congreso, sino también el mandato federal que exige garantizar la protección animal en todo el país.
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