El Centro Fray Julián Garcés (CFJG) ha exigido al Poder Ejecutivo Estatal que deje de negar la existencia de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala. La organización solicitó que el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, reciba capacitación en perspectiva de género y masculinidades del buen trato para entender la gravedad del problema, así como la desaparición de mujeres y el feminicidio en la entidad.
Esta demanda surge en respuesta a las recientes declaraciones de Ramírez Hernández, quien afirmó en una entrevista que "no hay una situación determinante con el delito de trata" en la administración actual. El CFJG criticó duramente esta postura, señalando que refleja una "actitud sistemática del gobierno del estado de Tlaxcala" que niega una realidad histórica y vigente, lo que de facto autoriza la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Los especialistas del CFJG argumentaron que tales declaraciones son una forma de colusión masculina que perpetúa el sistema patriarcal y proxeneta. Además, acusaron al secretario de Gobierno, quien también preside el Consejo Estatal contra la Trata de Personas en Tlaxcala, de ocultar y validar la violencia ejercida por redes de tratantes, consumidores y otros actores que se benefician de la explotación sexual de mujeres y niñas.
El CFJG también expresó su preocupación por la falta de importancia que el gobierno parece dar a la implementación de políticas públicas para enfrentar el problema, señalando que la deficiente ejecución del Programa Estatal contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual en Niñas y Mujeres 2022-2027 es un reflejo de esta actitud.
Para subrayar la magnitud del problema, el CFJG citó datos alarmantes: desde enero de 2021 hasta diciembre de 2023, se han detenido a 18 tratantes tlaxcaltecas; en 2022 y 2023, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (hoy Fiscalía) abrió 10 carpetas de investigación por trata de personas; y la presencia de mujeres jóvenes prostituidas en la carretera Vía Corta Santa Ana – Puebla, posibles víctimas de redes de tratantes, continúa siendo una realidad.
Finalmente, el CFJG calificó como inaceptable el discurso del Poder Ejecutivo y del Consejo Estatal contra la Trata, exigiendo que se reconozca el problema y se capacite al secretario de Gobierno. Además, instaron al Congreso local a que exija a la administración estatal rendir cuentas sobre los avances en la implementación del programa estatal contra la trata de personas.
Temas relacionados:
