Exigen justicia y libertad para Sandra Arana, tras cinco años de prisión en Zacatecas

Tras un proceso marcado por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura y tortura sexual acreditada, su familia, defensores y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado urgente al Poder Judicial del Zacatecas para que dictamine su libertad, ante la evidente insuficiencia probatoria presentada por la Fiscalía durante el juicio oral que inició el pasado 28 de mayo.

La historia de Sandra comenzó el 25 de agosto de 2020 en Tlaxcala, cuando fue interceptada por personas armadas vestidas de civil, quienes posteriormente fueron identificadas como elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado.

Tras ser privada de su libertad y sometida a actos de tortura y tortura sexual en un lugar desconocido, fue vinculada a un proceso por extorsión, el cual pudo llevar en libertad.

Sin embargo, al momento de ser liberada condicionalmente, fue nuevamente detenida bajo una orden por secuestro agravado girada por un juez de Zacatecas, entidad donde permanece recluida desde el 2 de septiembre de 2020 en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, sin haber recibido una sentencia hasta la fecha y enfrentando una solicitud de pena máxima de 90 años por parte de la fiscalía local.

La defensa de Arana ha subrayado la debilidad del expediente, señalando que la acusación se sostiene en pruebas inconsistentes, como el uso de un dispositivo móvil que no le pertenece y que fue obtenido en el contexto de su detención arbitraria.

Esta falta de sustento legal se suma a las determinaciones institucionales que validan su denuncia: en junio de 2022, peritos del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas confirmaron, mediante el Protocolo de Estambul, los actos de tortura sufridos.

Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió la Recomendación 06/2023, la cual documenta formalmente las violaciones perpetradas contra la médica durante su arresto.

Cabe destacar que, en mayo de 2025, Sandra fue exonerada del cargo de extorsión en Tlaxcala por falta de pruebas, lo que refuerza los argumentos de su defensa sobre la fabricación del caso.

Organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han puesto el caso de Sandra en el centro del debate sobre la violencia sistémica contra las mujeres en México.

El caso no es un hecho aislado, sino que refleja las conclusiones del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad, el cual señala que la Policía de Investigación es la autoridad más recurrente en estos actos.

Con Tlaxcala posicionada como la entidad con la mayor tasa de denuncias por tortura sexual por cada cien mil mujeres, una sentencia absolutoria en este juicio representaría un precedente crítico para la erradicación de esta práctica a nivel nacional.

Desde el centro penitenciario, Sandra ha expresado el devastador impacto de esta injusticia, no solo para su propia vida, sino para su entorno familiar.

“La pérdida de la libertad es un impacto muy grande; es muy doloroso porque no se dan cuenta que afectan a uno, sino a nuestra familia, a terceras personas”, manifestó.

Ante la proximidad de la resolución del juicio oral, la sobreviviente hizo un exhorto directo a las autoridades judiciales para que actúen con justicia y perspectiva de género:

“A las autoridades que actualmente tienen mi proceso les pediría que sean justos, imparciales, que valoren efectivamente las pruebas que yo tengo, que escuchen realmente lo que pasó. Soy una mujer que lleva más de cinco años presa sin una sentencia, he tratado de agotar todos los recursos que tengo para mostrar mi verdad, para mostrar que realmente soy inocente”.

La resolución de este caso es vista por sus defensores como una oportunidad indispensable para evitar la revictimización de Sandra y enviar un mensaje contundente de justicia para las mujeres que, de manera desproporcionada, enfrentan procesos penales por delitos de alto impacto sin el debido proceso ni pruebas sólidas que justifiquen su encarcelamiento.

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