Tlaxcala, Tlax.- Un total de 45 personas de Belén Atzitzimititlán, Apetatitlán, fueron víctimas de un fraude al pagar entre 20 y 50 mil pesos por una supuesta plaza en la Unidad de Servicios Básicos del IMSS-Bienestar.
El engaño fue tan bien elaborado que incluso familiares del presidente de comunidad, Estanislao Xolocotzi Ramos, cayeron en la trampa. La propia autoridad local facilitó un espacio en la segunda planta del Centro Cultural, donde operaban supuestos fisioterapeutas, nutriólogos, médicos generales y químicos farmacobólogos.
Un fraude que inspiró confianza
Desde octubre de 2023, los falsos funcionarios inauguraron el centro con un evento público al que asistieron vecinos y autoridades municipales. En un inicio, los afectados confiaron en el proyecto, ya que se les proporcionaron medicamentos. Sin embargo, con el tiempo, surgieron irregularidades y los trabajadores no recibieron los pagos prometidos.
Los estafadores argumentaron que el retraso en los pagos se debía al cierre fiscal 2024, asegurando que los salarios serían depositados en enero de este año, lo cual nunca ocurrió.
Investigación y detenciones
El 28 de enero, el presidente de comunidad, junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Secretaría del Bienestar, confirmaron el fraude y detuvieron a María de los Ángeles N., identificada como la responsable principal. Junto a ella operaba Noé N., quien se presentaba como subcoordinador, pero logró huir durante el operativo.
Entre las pertenencias de la detenida, se encontraron credenciales falsas de la Secretaría del Bienestar, lo que confirmó el engaño.
Exigen justicia
Las más de 40 denuncias presentadas ante la FGJE revelan que el fraude acumuló más de un millón de pesos en pagos por las supuestas plazas. Los afectados exigen la devolución de su dinero y que los responsables sean procesados.
Según el Artículo 250 del Código Penal Federal, quienes se hagan pasar por funcionarios públicos y ejerzan funciones sin derecho pueden recibir de uno a seis años de prisión y multas de 100 a 300 días.
La FGJE continuará con la investigación para dar con los demás involucrados en este fraude que afectó la economía de decenas de familias en Tlaxcala.
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