Tlaxcala, Tlax.,- Ante las recientes declaraciones vertidas por la periodista Louise Callaghan en el programa “Largo Aliento”, bajo la conducción de Sabina Berman, el Gobierno del Estado de Tlaxcala emitió un posicionamiento oficial en el que niega categóricamente las acusaciones que señalan a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a su administración de encubrir o minimizar el delito de trata de personas.
A través de un comunicado dirigido a las comunicadoras mencionadas, a la redacción del programa y a la opinión pública, el Ejecutivo estatal solicitó formalmente el ejercicio de su derecho de réplica. La administración argumentó la necesidad de exponer ante la misma audiencia los resultados y las políticas públicas que, según sostienen, han sido implementadas para salvaguardar los derechos de las mujeres y combatir la violencia de género en la entidad.
En respuesta a los cuestionamientos, el Gobierno estatal destacó una serie de acciones institucionales. Entre ellas, subrayó la declaratoria y atención a la Alerta de Violencia de Género, el establecimiento de una Secretaría de las Mujeres dedicada a la protección de este sector, y la puesta en marcha de 30 Centros Libre para brindar atención integral y asesoría. Asimismo, la administración resaltó que el 65% de sus programas sociales se encuentran enfocados en fortalecer la autonomía económica de las mujeres tlaxcaltecas.
En materia de seguridad y justicia, el documento precisa la conformación del Consejo Estatal contra la Trata, el cual integra a dependencias como la Secretaría de Gobierno (SEGOB), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), además de asociaciones civiles y el Congreso local.
A la par de estas medidas, se implementó una campaña integral en los 60 municipios del estado bajo el lema “Se Trata de Todas y Todos. Cuidemos la Libertad”.
Finalmente, el Gobierno del Estado enfatizó el trabajo de la Fiscalía General de Justicia, la cual reporta la cumplimentación de órdenes de aprehensión y la obtención de 28 sentencias condenatorias que, en conjunto, alcanzan los 754 años de prisión.
La administración reiteró que su postura ante la trata de personas consiste en reconocer la problemática para combatirla, calificando de inaceptable la omisión o negación de esta realidad.
El Ejecutivo estatal concluyó reafirmando su compromiso con los derechos humanos y su disposición para transparentar la información pública y estadística institucional necesaria para generar debates basados en hechos verificables.
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