Iniciativas por inclusión siguen congeladas en el Congreso de Tlaxcala

En entrevista, la legisladora explicó que una de las iniciativas más relevantes es la creación de un Consejo Estatal de Lupus, cuyo objetivo es visibilizar a las personas que viven con esta enfermedad autoinmune y generar políticas públicas específicas. Sin embargo, esta propuesta continúa detenida en comisiones, lo que refleja, dijo, una deuda institucional con quienes padecen esta condición.

Hernández Islas subrayó que la ausencia de cifras oficiales ha sido un factor clave para la invisibilización del lupus. “Si no tenemos datos duros, invisibilizamos, y cuando algo no se ve, no se atiende”, señaló. Incluso reconoció que las propias dependencias carecen de información precisa sobre cuántas personas viven con lupus en Tlaxcala, lo que dificulta diagnósticos oportunos y acciones concretas.

Empleo y datos que no reflejan la realidad

Otra de las propuestas que permanece sin dictamen es la relacionada con la cuota laboral para personas con discapacidad, una figura que suele ser malinterpretada. La diputada aclaró que no se trata de imponer pagos, sino de garantizar el derecho al trabajo mediante acciones afirmativas que rompan las barreras estructurales que impiden el acceso al empleo formal.

De acuerdo con los datos disponibles, alrededor del 6 por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad; sin embargo, la legisladora reconoció que las estadísticas oficiales mezclan discapacidad permanente y temporal, lo que distorsiona la realidad y complica el diseño de políticas públicas efectivas y focalizadas.

Esta falta de claridad estadística, dijo, termina afectando directamente a quienes más apoyo necesitan, ya que sin datos reales no hay políticas públicas eficientes, ni presupuestos adecuados para atender a este sector de la población.

Derechos humanos y obligaciones pendientes del Congreso

Dentro de su agenda legislativa inmediata, Gabriela Hernández Islas impulsa también una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el fin de que las consultas previas a personas con discapacidad sean obligatorias antes de presentar cualquier iniciativa que las involucre. Actualmente, explicó, no existe esa obligación legal, lo que contraviene estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

A esto se suma una solicitud concreta al Comité de Administración del Congreso para que todas las sesiones cuenten con un intérprete de Lengua de Señas Mexicana, una medida que calificó como necesaria y obligatoria, pero que hasta ahora no se ha cumplido.

“Es una deuda con las personas sordas; nos vemos muy mal como Poder Legislativo al vulnerar derechos cuando deberíamos garantizarlos”, sentenció la diputada. Todas estas iniciativas, reconoció, siguen en la Comisión de Puntos Constitucionales, en espera de dictamen, mientras la inclusión en Tlaxcala sigue siendo una promesa en trámite.