Tlaxcala, Tlaxcala. Integrantes de comunidades, colectivos, organizaciones civiles y la academia alzaron la voz este fin de semana para exigir medidas inmediatas y efectivas que frenen la devastación socioambiental que, aseguran, está cobrando vidas. En regiones como la Cuenca del Alto Atoyac, las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con la exposición prolongada a sustancias tóxicas y peligrosas han encendido las alarmas.
El Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., encabezó el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia, donde representantes de 65 organizaciones civiles de 18 entidades federativas emitieron un pronunciamiento en conjunto.
Entre sus principales demandas está la cancelación de todos los proyectos de transferencia de agua en bloque entre cuencas, argumentando que destruyen los territorios y alteran los flujos de agua superficial y subterránea, lo que incrementa la concentración de contaminantes y agrava la crisis ambiental.
Además, exigieron al Congreso de la Unión modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para incluir la figura de "entidad federativa envenenada", solicitando que el estado de Yucatán sea el primero en recibir esta designación debido a los daños generados por industrias pecuarias, cerveceras, agroexportadoras y turísticas.
En el caso de Tlaxcala, las organizaciones exigieron al gobierno federal y estatal que el saneamiento prometido para la Cuenca del Alto Atoyac no se limite a la construcción de plantas de tratamiento. En su lugar, pidieron un enfoque integral que incluya la participación activa de las comunidades, científicos y colectivos que han investigado y documentado la contaminación de la región.
También solicitaron que el proyecto de saneamiento abarque todos los municipios afectados, incluyendo los 52 de Tlaxcala, 3 del Estado de México y 23 de Puebla, y que se implementen programas de vigilancia epidemiológica para atender las enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental.
Los participantes subrayaron que cualquier medida debe contemplar no solo la infraestructura física, sino también el monitoreo y control de fuentes contaminantes, así como la atención a la salud de las comunidades expuestas. Advirtieron que la falta de acciones reales perpetúa la crisis ambiental y el deterioro de la calidad de vida en los territorios afectados.
El pronunciamiento final destacó la urgencia de que el gobierno tome en serio estas demandas y detenga lo que calificaron como “simulaciones” en proyectos de saneamiento. Las comunidades y organizaciones aseguraron que continuarán su lucha hasta lograr soluciones efectivas que pongan fin a la devastación socioambiental.
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